La Defensoría del Pueblo reportó 121 ataques con drones entre enero y mayo de 2026. Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayor cantidad de casos.
Bogotá. Colombia enfrenta una nueva transformación de la violencia armada. El uso de drones con explosivos por parte de grupos armados ilegales aumentó de manera significativa durante los primeros cinco meses de 2026, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo.
Entre enero y mayo de este año fueron registrados 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados, frente a los 49 reportados durante el mismo periodo de 2025. El incremento alcanza el 146 %.
El balance deja una cifra preocupante: 21 personas murieron y 145 resultaron heridas en estos ataques. Entre las víctimas se encuentran tres menores de edad.
Aunque los integrantes de la Fuerza Pública continúan siendo los principales objetivos, la población civil también está quedando atrapada en esta nueva modalidad de violencia. Según la Defensoría, aproximadamente el 32 % de las personas afectadas son civiles.
Cauca y Norte de Santander, los más golpeados
Los departamentos con mayor número de ataques fueron Cauca, con 33 casos; Norte de Santander, con 30; y Valle del Cauca, con 16.
También se reportaron hechos en Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño, Arauca, Meta, Huila y Bogotá.
La expansión territorial preocupa especialmente porque durante 2026 se han identificado ataques en zonas que anteriormente no aparecían dentro de este fenómeno. Naciones Unidas reportó casos en Tolima y Risaralda, donde no se habían registrado afectaciones similares durante 2025.
Drones: una nueva herramienta para los grupos armados
El uso de drones comerciales modificados para transportar o lanzar explosivos representa un desafío adicional para las autoridades. Se trata de equipos relativamente pequeños que pueden ser utilizados para atacar instalaciones militares, policiales o zonas donde existe presencia de comunidades.
La Defensoría ha advertido que esta modalidad está cambiando la dinámica del conflicto y aumentando el riesgo para las comunidades ubicadas en territorios donde operan estructuras armadas.
Pero los drones son apenas una parte de un escenario de violencia mucho más amplio.
El organismo también registra 120 alertas tempranas territoriales que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas en todo el país.
A esto se suman los desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
Una amenaza que llega a las comunidades
Entre 2017 y lo corrido de 2026 se han registrado 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 394.839 personas.
La Defensoría también documentó 74 casos de reclutamiento de menores entre enero y junio de 2026, aunque advierte que las cifras pueden estar por debajo de la realidad debido al temor de las comunidades para denunciar.
El panorama plantea un desafío urgente para el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública: enfrentar organizaciones ilegales que están incorporando nuevas tecnologías a sus operaciones mientras mantienen el control territorial y las acciones contra comunidades vulnerables.
El aumento del 146 % en los ataques con drones se convierte así en una de las señales más preocupantes sobre la evolución del conflicto armado en Colombia durante 2026.
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