La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín enfrenta una creciente controversia por presuntas irregularidades en los documentos con los que habría acreditado su formación académica y profesional, un caso que ya ha trascendido el debate político y llegó a instancias disciplinarias y judiciales.
La polémica tomó fuerza luego de que la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, informara que tras revisar sus registros físicos y digitales no encontró evidencia de que Estrada hubiera cursado o culminado el programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia, título que habría presentado para acreditar su perfil profesional.
La institución también señaló que el documento relacionado con el registro de su supuesto diploma no habría sido expedido por la universidad, situación que motivó el anuncio de actuaciones ante las autoridades competentes.
Un contrato con la DIAN bajo cuestionamiento
Entre los documentos que han salido a la luz se encuentra la hoja de vida y la documentación que habría presentado la congresista para acceder a un contrato de prestación de servicios con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en 2025, por un valor cercano a los 78 millones de pesos.
Según los reportes publicados, el contrato tenía como finalidad apoyar actividades relacionadas con estudios, lineamientos y políticas en materia de control y fiscalización del sector minero. En el proceso contractual se habría acreditado un título profesional de Ingeniería de Minas y Metalurgia, además de experiencia laboral.
Ahora, la documentación presentada y los mecanismos de verificación que habría utilizado la entidad están bajo cuestionamiento, por lo que también se ha planteado la necesidad de establecer si hubo fallas en los procedimientos de revisión y validación de requisitos.
Las dudas también alcanzan el bachillerato
La controversia no se limita al supuesto título universitario. Reportes periodísticos señalan inconsistencias entre el diploma de bachiller que habría presentado Estrada, fechado en noviembre de 2017, y registros académicos que la ubicarían cursando octavo grado durante ese mismo año.
Asimismo, se ha cuestionado que su nombre no aparezca en el acta de graduación correspondiente al documento que habría acreditado su culminación de estudios en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, en Caramanta, Antioquia.
Estas inconsistencias deberán ser esclarecidas mediante verificaciones documentales y actuaciones oficiales, sin que los señalamientos constituyan por sí mismos una declaración de responsabilidad penal.
Denuncias e investigación disciplinaria
El caso ya tiene repercusiones institucionales. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si existieron irregularidades relacionadas con los títulos y documentos atribuidos a la congresista.
Por su parte, se han reportado denuncias ante distintas autoridades, entre ellas la Fiscalía y organismos de control, que buscan determinar si los documentos cuestionados fueron presentados, utilizados o certificados en circunstancias que puedan tener relevancia penal, disciplinaria o fiscal.
La Universidad Nacional también anunció actuaciones ante las autoridades para que se investigue la posible falsedad documental.
El silencio y las respuestas pendientes
Hasta el momento de los reportes consultados, la congresista no había ofrecido una explicación pública integral frente a las distintas inconsistencias documentales señaladas.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación de títulos académicos en la contratación estatal, la responsabilidad de las entidades que certifican requisitos y la obligación de los servidores públicos de acreditar de manera veraz la información consignada en sus hojas de vida.
La investigación deberá establecer si se trata de irregularidades documentales, fallas administrativas o conductas con implicaciones legales, y determinar quiénes podrían tener responsabilidad en los hechos.