La Jurisdicción Especial para la Paz identificó 27 hechos criminales ocurridos entre 1985 y 1993 en Bogotá, con un saldo de 33 víctimas. La investigación apunta a la existencia de una estructura clandestina dentro de la inteligencia militar que habría participado en la persecución de integrantes de la Unión Patriótica y de personas vinculadas a organizaciones guerrilleras.
Bogotá, 12 de noviembre de 2026.
Una nueva decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve a poner bajo la lupa uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano: la persecución sistemática contra integrantes de la Unión Patriótica (UP) y las graves violaciones de derechos humanos atribuidas a antiguos miembros de organismos de inteligencia militar.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer responsabilidad como máximos responsables por crímenes cometidos en Bogotá entre 1985 y 1993, cuando hacían parte de unidades de inteligencia estratégica que posteriormente fueron conocidas como el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y la Brigada XX.
La decisión, contenida en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas SUB I-L 002 del 10 de noviembre de 2026, establece la existencia de dos patrones macrocriminales que habrían operado desde estructuras de inteligencia militar, con conocimiento de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE).
Los hechos investigados no se limitan a asesinatos. La JEP documentó seguimientos ilegales, estigmatización política, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y homicidios.
27 hechos criminales y 33 víctimas
La investigación permitió establecer dos líneas de actuación criminal.
La primera estuvo dirigida contra dirigentes y militantes de la Unión Patriótica. Según la JEP, se documentaron 14 hechos criminales que dejaron 18 víctimas.
La segunda estuvo relacionada con detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de personas vinculadas o señaladas de pertenecer a las guerrillas del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Farc-EP. En este patrón se identificaron 13 hechos y 15 víctimas.
En total, la investigación reconstruyó 27 hechos y 33 víctimas. Ocho personas continúan desaparecidas.
La magistrada Catalina Díaz Gómez lideró la investigación, que permitió reconstruir el funcionamiento de una presunta estructura clandestina dentro de las unidades de inteligencia estratégica del Ejército.
La JEP los seleccionó como máximos responsables dentro de los patrones criminales investigados.
Es importante precisar que este llamado hace parte del procedimiento de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la justicia transicional y no equivale, por sí mismo, a una sentencia condenatoria.
La Unión Patriótica: un partido convertido en objetivo de persecución
Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación tiene que ver con la estigmatización de la Unión Patriótica.
De acuerdo con la reconstrucción de la JEP, integrantes de inteligencia militar habrían contribuido a instalar la idea de que ese movimiento político era una extensión o instrumento de las Farc-EP.
Esa asociación habría servido para justificar seguimientos, vigilancia, señalamientos y operaciones contra sus dirigentes, militantes y simpatizantes.
La Sala encontró que esa estigmatización quedó incorporada en documentos de inteligencia, informes semanales, radiogramas, archivos operacionales y discursos públicos.
Uno de los elementos documentales identificados fue un listado denominado “UP-FARC”, elaborado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, que contenía 2.624 nombres.
La JEP encontró que, de 163 dirigentes y militantes registrados en ese listado que residían en Bogotá, 18 habían sido víctimas de hechos violentos antes del 11 de agosto de 1994.
La investigación también señala que la violencia contra integrantes de la Unión Patriótica dejó 353 víctimas en Bogotá entre 1984 y 2016. El 53,8 % de esa victimización se concentró entre 1985 y 1993.
Nydia Erika Bautista, uno de los casos más representativos
Entre los episodios reconstruidos aparece el caso de Nydia Erika Bautista, integrante del M-19, desaparecida el 30 de agosto de 1987.
Según la investigación, fue retenida y trasladada a un lugar clandestino en Soacha, donde permaneció durante tres días. Allí habría sido sometida a torturas y violencia sexual antes de ser asesinada.
Su cuerpo fue abandonado en inmediaciones del municipio de Guayabetal, Cundinamarca.
Este caso se convirtió en uno de los símbolos de la lucha de las familias de personas desaparecidas en Colombia y de las organizaciones defensoras de derechos humanos que durante décadas han exigido verdad y justicia.
También aparecen hechos relacionados con los seguimientos y amenazas contra Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, así como el asesinato de José Miller Chacón, dirigente del Partido Comunista Colombiano y de la UP, ocurrido el 25 de noviembre de 1993.¿Quiénes son los ocho exmilitares señalados por la JEP?
Entre los ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional llamados por la Jurisdicción Especial para la Paz a reconocer verdad y responsabilidad se encuentran Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita, quienes alcanzaron el rango de sargento mayor; Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, ambos sargentos viceprimeros retirados; así como los oficiales Carlos Armando Mejía Lobo y Óscar Diego Sánchez Vélez, quienes se retiraron con el grado de coronel, y Camilo Pulecio Tovar, teniente coronel retirado.
También figura el brigadier general retirado Álvaro Hernán Velandia Hurtado, cuyo nombre aparece entre los comparecientes llamados a responder por los hechos investigados.
La JEP busca establecer el grado de responsabilidad individual de cada uno dentro de los patrones de persecución, seguimientos ilegales, desapariciones forzadas, torturas y homicidios documentados en la investigación. El llamado a reconocer responsabilidad no constituye por sí mismo una condena judicial.
Una presunta estructura clandestina dentro de la inteligencia militar
Uno de los aspectos más delicados de la decisión es la descripción de cómo habría funcionado el aparato de inteligencia investigado.
La JEP encontró que existía una cadena de actuaciones que comenzaba con la identificación y clasificación de personas consideradas objetivos de interés.
Posteriormente se realizaban seguimientos, vigilancias, elaboración de perfiles, señalamientos y operaciones clandestinas.
La investigación describe una división funcional del trabajo: algunas dependencias producían información y clasificaban personas, mientras otros integrantes ejecutaban vigilancias, detenciones, traslados e interrogatorios.
En varios casos, las personas detenidas habrían sido llevadas a instalaciones militares oficiales o clandestinas, donde eran sometidas a torturas y posteriormente desaparecidas o asesinadas.
La Sala también documentó presuntas prácticas de encubrimiento, alteración de registros, amenazas contra sobrevivientes y familiares e interferencias en investigaciones judiciales.
Estos hallazgos son particularmente graves porque apuntan a la posible utilización de estructuras estatales de inteligencia para perseguir a personas por razones políticas y por su presunta relación con organizaciones insurgentes.
Además del llamado a reconocer responsabilidad, la Sala estableció una orden fundamental para las familias de las víctimas.
Los ocho comparecientes tienen 15 días hábiles para entregar información y un plan detallado que contribuya a la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de las personas que continúan desaparecidas.
La información deberá incluir posibles lugares de inhumación, rutas utilizadas, unidades involucradas y nombres de personas que puedan aportar datos para esclarecer lo ocurrido.
La decisión también contempla fortalecer las labores de búsqueda y las intervenciones forenses en cementerios de Bogotá y Guayabetal.
La medida busca romper décadas de silencio y permitir que las familias conozcan finalmente el destino de sus seres queridos.
¿Qué puede pasar ahora con los ocho exmilitares?
Los comparecientes cuentan con 15 días hábiles para manifestar si reconocen verdad y responsabilidad o si controvierten las conclusiones de la Sala.
Si reconocen los hechos y aportan verdad plena, el procedimiento podrá avanzar hacia una resolución de conclusiones que será remitida al Tribunal para la Paz, instancia encargada de definir las sanciones correspondientes.
Si rechazan las conclusiones, sus expedientes podrán ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para el procedimiento adversarial. En caso de que se determine su responsabilidad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Una deuda histórica con las víctimas
La decisión representa un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad sobre el genocidio contra la Unión Patriótica y la persecución contra sectores políticos y sociales durante el conflicto armado.
Más allá de los nombres de los antiguos integrantes del Ejército señalados, la investigación plantea interrogantes sobre las responsabilidades institucionales, las cadenas de mando, el funcionamiento de los organismos de inteligencia y los mecanismos que habrían permitido que estos crímenes permanecieran durante años en la impunidad.
Para las familias de las víctimas, el desafío sigue siendo encontrar a sus desaparecidos, conocer quién ordenó y ejecutó los crímenes y establecer cómo funcionaron las estructuras que hicieron posible esta persecución.
La pregunta que sigue pendiente para Colombia es cuántas verdades faltan por conocerse sobre la persecución política, las desapariciones forzadas y el papel que desempeñaron sectores del aparato estatal durante uno de los períodos más violentos de su historia.
