Entre los procesados figuran un empresario y cuatro funcionarios de la DIAN. La investigación apunta a una supuesta operación de exportaciones ficticias hacia Ecuador que habría servido para ingresar millonarios recursos al sistema financiero colombiano.
Una presunta estructura criminal dedicada al lavado de activos mediante operaciones comerciales ficticias quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que permitió la judicialización de siete personas, entre ellas un empresario y cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
De acuerdo con las investigaciones, el entramado habría movilizado más de 425.000 millones de pesos mediante operaciones de exportación de productos como aceite de palma, soya y sus derivados, que supuestamente eran enviados hacia Ecuador.
Sin embargo, los investigadores encontraron indicios de que parte de las mercancías nunca habría salido del territorio colombiano, pese a que existían documentos que certificaban su presunta exportación.
El presunto mecanismo para lavar el dinero
La hipótesis de la Fiscalía señala que la organización habría utilizado cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas para dar apariencia de legalidad a operaciones comerciales que no corresponderían a movimientos reales de mercancías.
Los recursos habrían ingresado desde países como Estados Unidos, España, Panamá y Perú, presentándose como pagos derivados de exportaciones.
Las operaciones investigadas se habrían desarrollado entre 2020 y 2023, utilizando documentación comercial y aduanera que ahora está bajo análisis de las autoridades.
Empresario y funcionarios de la DIAN entre los judicializados
Entre los procesados se encuentra el empresario Arvey Duque Villamizar. También figuran cuatro funcionarios de la DIAN: Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.
Completan la lista Emir Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales.
Las capturas se realizaron en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño, con participación del CTI y apoyo del Ejército Nacional.
Los delitos que les imputó la Fiscalía
La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público.
La investigación busca establecer la participación individual de los procesados y determinar si existió una colaboración entre particulares y funcionarios públicos para facilitar las presuntas operaciones fraudulentas.
Además, la Fiscalía trasladó información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar posibles actuaciones sobre bienes relacionados con las operaciones investigadas.
La DIAN, bajo la lupa
El caso vuelve a poner sobre la mesa los controles aduaneros y la vigilancia de las operaciones de comercio exterior en Colombia. Las autoridades deberán esclarecer cómo pudieron registrarse operaciones de semejante magnitud y si existieron fallas o actuaciones irregulares en los procedimientos de verificación fronteriza.
La investigación continúa. La imputación de cargos no significa que los procesados sean culpables: todos tienen derecho a la presunción de inocencia mientras la justicia adopta una decisión definitiva.
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