La primera dama presentó el balance de su fundación tras los cuestionamientos de la oposición por el manejo de los recursos destinados a los damnificados del terremoto. El caso también revive las preguntas sobre la transparencia durante las gestiones de Francia Márquez y Verónica Alcocer en el gobierno anterior.
La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, presentó el primer informe de rendición de cuentas de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización que lideró la recolección de ayudas y donaciones para atender a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.
El reporte financiero, correspondiente al periodo comprendido entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026, registra donaciones por $54.589 millones, provenientes, según el documento, exclusivamente del sector privado. La publicación se produjo después de que sectores de la oposición solicitaran explicaciones sobre el monto recaudado, el manejo de los recursos y los mecanismos de vigilancia.
Según Noticias RCN, la fundación reportó que $11,9 millones se destinaron a gastos de mantenimiento, mientras que el resto de los recursos permanece disponible para la siguiente fase del proyecto. El informe menciona mecanismos de supervisión financiera, comités fiduciarios y auditorías independientes.
¿Dónde están los recursos y para qué se utilizarán?
De acuerdo con el balance publicado, el 81 % de las donaciones proviene de la familia Gilinski. Estos aportes tienen una destinación específica relacionada con la reconstrucción de tres instituciones educativas y tres centros de salud en Cali.
Durante la primera fase de atención humanitaria, la fundación reportó la movilización de 5.652,2 toneladas de ayuda, distribuidas en 80 municipios, con el apoyo de más de 1.250 voluntarios, empresas, centros de acopio y compañías de transporte.
La segunda fase contempla proyectos de reconstrucción y la construcción de 35 viviendas en Quibdó, Chocó, y Dosquebradas, Risaralda. La ejecución de estas iniciativas será fundamental para determinar cómo se traducen las donaciones en soluciones concretas para las comunidades afectadas.
La oposición había pedido explicaciones
Las preguntas sobre el manejo de las donaciones no surgieron de la nada. Según La Silla Vacía, el senador Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, había presentado a finales de agosto un derecho de petición para solicitar información sobre los recursos recaudados, el dinero invertido, los saldos disponibles y los mecanismos de auditoría.
El medio también informó que el congresista recurrió a una tutela ante la falta de respuesta que denunciaba. La publicación del balance financiero representa, por tanto, un nuevo capítulo en la discusión sobre el acceso a la información y la obligación de explicar públicamente cómo se administran los recursos destinados a una emergencia nacional.
¿Por qué no se exigieron las mismas explicaciones durante el gobierno anterior?
La presentación del informe abre una discusión política sobre la transparencia y el nivel de escrutinio público aplicado a quienes han ocupado posiciones cercanas a la Presidencia.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, Verónica Alcocer fue objeto de cuestionamientos periodísticos por los gastos relacionados con funcionarios que integraban su equipo de apoyo. En enero de 2024, La Silla Vacía publicó una investigación sobre pagos superiores a los mil millones de pesos en salarios de personas vinculadas a ese entorno. La Presidencia respondió a los señalamientos, aunque el medio advirtió que su explicación dejaba interrogantes pendientes. <Cite refs={[«turn736083search5»]}/>
Por su parte, Francia Márquez, quien se desempeñó como vicepresidenta de la República, sí contó con informes institucionales de gestión. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer publicó un informe correspondiente al periodo 2022-2023. También hubo controversia política alrededor de su viaje oficial a África, sobre el cual se discutieron sus objetivos y resultados ante el Congreso.
Por eso, afirmar que nunca hubo rendición de cuentas durante el gobierno anterior requeriría una revisión más amplia de los documentos oficiales y las solicitudes formuladas en ese periodo. Lo que sí puede examinarse es si las preguntas sobre los gastos, los recursos y las actuaciones de las personas cercanas al poder recibieron respuestas suficientes y con el mismo nivel de exigencia pública.
Transparencia: una obligación que no debería depender del gobierno de turno
La rendición de cuentas de Ana Lucía Pineda pone sobre la mesa una pregunta que trasciende las diferencias partidistas: ¿qué mecanismos deben garantizar que los ciudadanos conozcan el origen, la administración y el destino de los recursos recaudados en nombre de las víctimas?
Aunque las donaciones de Colombia Luz y Sonrisas se reportan como privadas, su finalidad social y la participación pública de la primera dama justifican el interés ciudadano en conocer los resultados. La publicación de un balance es un primer paso, pero el seguimiento a las obras, la ejecución de los recursos y la atención efectiva a los damnificados permitirá evaluar el cumplimiento de los compromisos.
La transparencia no debería convertirse en una exigencia exclusiva para los adversarios políticos. Debe ser un principio aplicable a todas las administraciones, independientemente de su orientación ideológica y de quién ocupe la Casa de Nariño.
El Espacio Noticias continuará haciendo seguimiento al destino de las donaciones y a los compromisos de reconstrucción anunciados para las comunidades afectadas por el terremoto.
