El presidente Abelardo De la Espriella anunció la firma de un decreto que modifica el protocolo de actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones. La iniciativa genera debate sobre la seguridad, los bloqueos y las garantías constitucionales del derecho a la protesta.
Bogotá, 9 de octubre de 2026. El Gobierno nacional avanza en una nueva regulación de la protesta social que modificaría las reglas bajo las cuales la Policía y los demás organismos de la fuerza pública intervienen durante las manifestaciones ciudadanas.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el presidente Abelardo De la Espriella firmaría este viernes el decreto que modifica el protocolo establecido en 2021 para proteger el derecho a la protesta pacífica y regular el uso legítimo de la fuerza.
La propuesta se presenta en medio de un debate nacional sobre los límites de las movilizaciones, los bloqueos de vías, los actos de vandalismo y la obligación del Estado de garantizar tanto los derechos de quienes protestan como los de los ciudadanos que no participan en las manifestaciones. Al cierre de esta nota, no se había verificado la publicación del texto definitivo firmado.
¿Qué cambiaría con el nuevo decreto?
Uno de los principales cambios planteados consiste en permitir que la fuerza pública intervenga directamente contra personas que estén cometiendo actos violentos, sin que sea necesario esperar a que se agoten las etapas de diálogo y mediación con el conjunto de los manifestantes.
El proyecto busca diferenciar las conductas violentas del ejercicio legítimo de la protesta. Entre las situaciones que justificarían una intervención se encuentran el uso o porte de armas, la retención de personas contra su voluntad, las agresiones contra ciudadanos, policías, funcionarios, personal médico o periodistas, y la destrucción de infraestructura pública o privada.
Según el planteamiento del Gobierno, las autoridades podrían actuar contra quienes incurran en esas conductas mientras se mantienen abiertos los canales de diálogo con los demás participantes de la movilización.
La intención, de acuerdo con el Ministerio del Interior, es impedir que quienes cometan actos violentos utilicen una manifestación pacífica como mecanismo para evitar la actuación de las autoridades.
Cinco niveles de reacción de la fuerza pública
La iniciativa contempla cinco niveles de reacción para orientar la actuación de las autoridades durante las manifestaciones. El propósito es establecer criterios más claros para responder a las diferentes situaciones que puedan presentarse y evitar actuaciones desproporcionadas.
El documento también plantea un acompañamiento policial permanente durante las movilizaciones, con presencia de uniformados a una distancia mínima de cuatro metros, según los detalles divulgados sobre el proyecto.
El Gobierno sostiene que estas disposiciones buscan brindar mayor claridad jurídica a los procedimientos policiales y proteger a los ciudadanos, los participantes de las protestas y los bienes públicos y privados.
Sin embargo, el alcance de estas facultades dependerá del contenido definitivo del decreto y de su aplicación conforme a la Constitución, la ley y los principios que regulan el uso legítimo de la fuerza.
El Gobierno busca poner fin a los bloqueos permanentes
Otro de los puntos centrales de la propuesta es la creación de los denominados corredores solidarios, orientados a garantizar el paso de ambulancias, personas vulnerables y otros servicios esenciales.
El ministro Rodrigo Lara también ha señalado que el Gobierno no permitirá bloqueos permanentes de carreteras ni de carriles exclusivos de TransMilenio.
Esta posición abre un nuevo debate sobre la movilidad, el transporte público, la actividad económica y las formas de protesta utilizadas por sindicatos, estudiantes, comunidades indígenas, campesinos y organizaciones sociales.
Aunque el Estado tiene la obligación de proteger la movilidad y los servicios esenciales, la regulación debe distinguir entre las afectaciones que pueden surgir durante una manifestación y las conductas que constituyen infracciones o delitos.
¿Qué pasará con el derecho a la protesta?
El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de toda parte del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Por esa razón, cualquier regulación debe respetar las garantías constitucionales y evitar que la actuación de las autoridades se convierta en una restricción injustificada de las libertades ciudadanas.
La propuesta genera interrogantes sobre los criterios que utilizará la Policía para identificar una protesta violenta, determinar cuándo procede una intervención directa y garantizar que las actuaciones contra personas específicas no terminen afectando indiscriminadamente a quienes se manifiestan de manera pacífica.
También será importante conocer cómo se documentarán los procedimientos, qué mecanismos de control se aplicarán y cuáles serán las garantías para prevenir el uso excesivo de la fuerza.
El Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para proteger la protesta pacífica frente a los infiltrados y los actos violentos. Sus críticos, por su parte, tendrán que evaluar si las nuevas facultades podrían facilitar intervenciones prematuras o generar riesgos para los derechos fundamentales.
La publicación del decreto será clave
La discusión no termina con el anuncio presidencial. Para establecer el alcance real de la medida será necesario examinar el texto definitivo, sus disposiciones sobre el uso de la fuerza, las condiciones para intervenir y los mecanismos de protección de los manifestantes.
La actualización del protocolo de 2021 podría marcar un cambio importante en la manera en que el Estado responde a las movilizaciones sociales. El reto será garantizar la seguridad y la movilidad sin desconocer el derecho constitucional a protestar.
