Bogotá, 2 de octubre de 2026. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una serie de presuntas amenazas, hostigamientos y mensajes intimidantes que, según denunció, fueron difundidos a través de redes sociales.
La denuncia fue presentada después de una controversia originada por la difusión de un video relacionado con una intervención de la funcionaria ante la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República. Según el ICBF, Restrepo considera que el material habría sido editado de manera que modificó el contexto y el sentido de algunas de sus declaraciones.
Como parte del material entregado a la Fiscalía, la directora aportó el registro original de la sesión del Senado, el video que posteriormente circuló en redes sociales, las respectivas transcripciones y una reconstrucción cronológica de los contenidos, con el propósito de que el ente investigador determine si existe alguna relación entre la difusión del material y los posteriores mensajes intimidantes.
La funcionaria también denunció que en diferentes plataformas digitales fueron divulgados mensajes en los que se revelaba información sobre su ubicación y se manifestaba la intención de acercarse a ella. De acuerdo con el ICBF, esta situación generó preocupación por su seguridad y llevó a la directora a solicitar una investigación integral de los hechos.
Restrepo pidió igualmente que, mediante labores de policía judicial, se identifique a las personas que administran los perfiles desde los cuales fueron publicados los mensajes incorporados como evidencia y se establezca si existe responsabilidad penal.
La denuncia señala específicamente tres perfiles de redes sociales y solicita determinar si las publicaciones podrían configurar conductas relacionadas con amenazas contra servidores públicos e injuria. La Fiscalía será la encargada de verificar la autenticidad de los contenidos, establecer quiénes están detrás de las cuentas y determinar las eventuales responsabilidades individuales.
Respaldo del presidente
Tras conocerse la denuncia, el presidente Abelardo De La Espriella expresó públicamente su respaldo a la directora del ICBF y rechazó las amenazas.
El mandatario manifestó que las intimidaciones no deben frenar la labor de la funcionaria y aseguró que su Gobierno respaldará las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados.
La Presidencia señaló que la reacción del jefe de Estado se produjo luego de que Restrepo entregara a la Fiscalía las evidencias relacionadas con las publicaciones en redes sociales.
El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer el origen de los mensajes, verificar las circunstancias en que fueron difundidos y determinar si se configuraron delitos.
Mientras avanza la investigación, las autoridades deberán diferenciar entre las críticas y cuestionamientos propios del debate público y aquellas conductas que puedan constituir amenazas o intimidaciones contra una funcionaria pública.
El ICBF confirmó que la directora y su equipo jurídico entregaron a la Fiscalía los elementos documentales disponibles para que el ente investigador determine las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades.
