Puerto Colombia, Atlántico. Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación realizaron este viernes una inspección en las instalaciones de la Alcaldía de Puerto Colombia, en el marco de una investigación relacionada con la presunta cesión irregular de terrenos municipales a particulares.
De acuerdo con la información conocida, los investigadores recopilaron documentación y elementos relacionados con dos predios que fueron entregados al municipio para destinaciones de interés público y que posteriormente fueron cedidos gratuitamente a particulares.
Uno de los terrenos tiene una extensión de 5.082 metros cuadrados y está ubicado en el sector de la Vía al Mar. El otro alcanza los 33.637 metros cuadrados. Ambos casos están relacionados con actuaciones administrativas realizadas en 2017.
La investigación busca establecer cómo se realizaron las cesiones, qué funcionarios participaron en los trámites y cuál fue el procedimiento utilizado para que los terrenos terminaran registrados a nombre de particulares.
Uno de los puntos que deberá esclarecerse está relacionado con documentos y firmas que aparecen en las resoluciones mediante las cuales se habrían autorizado las cesiones. El exalcalde Steimer Mantilla Rolong ha manifestado que una de las firmas atribuidas a él podría haber sido falsificada, por lo que se espera que las autoridades determinen su autenticidad mediante los respectivos análisis técnicos.
La actual administración municipal, encabezada por el alcalde Plinio Cedeño, ha adelantado acciones para recuperar los terrenos. En septiembre fue revocada la cesión correspondiente al predio de 5.082 metros cuadrados y se iniciaron trámites ante las autoridades de registro.
El caso también está bajo la atención de la Procuraduría General de la Nación, que abrió una actuación preventiva para revisar los procedimientos administrativos relacionados con los predios. Asimismo, la Superintendencia de Notariado y Registro adelanta actuaciones sobre las matrículas inmobiliarias involucradas.
La inspección de la Fiscalía constituye un nuevo avance dentro de una investigación que viene desde años anteriores y que busca determinar si en el proceso se presentaron irregularidades administrativas o posibles conductas con relevancia penal.
Por ahora, las autoridades continúan recopilando pruebas y no existe una decisión judicial que establezca responsabilidad penal individual. Será la investigación de la Fiscalía la que determine qué ocurrió con los terrenos y quiénes pudieron intervenir en las actuaciones cuestionadas.
