Expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por el traslado de miles de migrantes a países distintos de sus lugares de origen y advirtieron sobre posibles riesgos de persecución, tortura y otras vulneraciones de derechos.
Washington, 28 de septiembre de 2026. — Un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas pidió al Gobierno de Estados Unidos suspender la política mediante la cual migrantes son deportados a terceros países, distintos de aquellos de los que son ciudadanos.
De acuerdo con información reportada por Reuters, al menos 23.000 personas han sido trasladadas desde Estados Unidos hacia 29 países y territorios mediante acuerdos migratorios establecidos por Washington.
Los expertos de la ONU expresaron especial preocupación por las personas que podrían ser enviadas a lugares donde exista riesgo de persecución, tortura, detención arbitraria u otras violaciones de derechos humanos.
Entre los grupos considerados particularmente vulnerables se encuentran niños, mujeres, víctimas de trata, personas con discapacidad, defensores de derechos humanos y personas que podrían enfrentar persecución por sus características o circunstancias personales.
Debate por el debido proceso
La política migratoria también enfrenta una disputa en los tribunales estadounidenses. Un tribunal federal de apelaciones cuestionó el procedimiento utilizado para algunas de estas expulsiones y señaló que los migrantes deben contar con garantías suficientes para informar si temen ser perseguidos o sufrir daños graves en el país al que serían enviados.
El Gobierno de Donald Trump, por su parte, sostiene que las deportaciones forman parte de sus facultades migratorias y ha defendido la utilización de acuerdos con terceros países para ejecutar órdenes de expulsión.
La administración estadounidense también ha llevado la disputa ante la Corte Suprema, en busca de respaldo para continuar aplicando esta política mientras avanzan los procesos judiciales.
Países latinoamericanos involucrados
La preocupación de Naciones Unidas también alcanza a América Latina. Entre los países mencionados en relación con estos acuerdos aparecen Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Los expertos de la ONU han solicitado información a Estados Unidos y a varios de los gobiernos involucrados para conocer las condiciones bajo las cuales se realizan estos traslados y las garantías ofrecidas a las personas deportadas.
La discusión adquiere especial importancia para los migrantes latinoamericanos que permanecen en Estados Unidos bajo procesos de asilo, deportación u otras figuras migratorias.
Mientras el Gobierno estadounidense defiende la política como una herramienta para ejecutar las expulsiones, Naciones Unidas insiste en que cualquier traslado debe respetar las obligaciones internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar riesgos graves de persecución o tortura.
