La decisión cobija a varios exministros y altos funcionarios de la anterior administración. Jorge Lemus anunció que apelará la suspensión de su esquema de protección.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) inició una nueva revisión de los esquemas de seguridad asignados durante el anterior Gobierno y decidió retirar las medidas de protección a varios exministros, exdirectores y personas vinculadas a la administración de Gustavo Petro.
Entre los casos conocidos está el de Jorge Lemus, quien ocupó la dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y posteriormente estuvo como director encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La UNP le notificó la suspensión de su esquema de seguridad y el exfuncionario anunció que presentará un recurso de apelación para intentar mantener la protección.
¿A quiénes cobija la decisión?
De acuerdo con información publicada este lunes, la medida alcanza a varios exintegrantes del gabinete de Petro. Entre los nombres reportados aparecen los exministros José Antonio Ocampo, Edwin Palma, Antonio Sanguino, Diana Morales, Guillermo Alfonso Jaramillo, Germán Ávila, Yeimi Carina Murcia, Rosa Yolanda Villavicencio y Armando Benedetti.
También figuran el exalto comisionado para la Paz Otty Patiño, el exdirector de Inteligencia Jorge Lemus, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Ángela María Robledo y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán, entre otros.
La información disponible señala que los afectados tendrían un plazo para presentar los recursos correspondientes frente a las decisiones de la entidad.
Una revisión que viene desde semanas atrás
La decisión no surgió de manera aislada. Desde finales de agosto la UNP venía revisando los esquemas de protección otorgados durante la administración anterior.
En las últimas semanas también se conocieron decisiones relacionadas con personas cercanas al petrismo, entre ellas Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral. En esos casos, según reportes periodísticos, la UNP concluyó que no se cumplían las condiciones para continuar con los esquemas.
El caso de Levy Rincón tuvo un desenlace diferente: inicialmente se informó sobre el retiro de su esquema, pero posteriormente el propio activista comunicó que la decisión había sido revertida mientras continuaba la revisión.
La Procuraduría también puso la lupa
La revisión de los esquemas no solamente ha generado decisiones administrativas. La Procuraduría adelanta una actuación relacionada con las medidas de protección que habían sido asignadas a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz.
El Ministerio Público solicitó a la UNP información sobre los estudios de riesgo realizados para determinar por qué se concedieron esos esquemas durante la administración anterior. La investigación busca establecer si los procedimientos y evaluaciones cumplieron con los requisitos establecidos.
Esto no significa que las personas investigadas hayan sido declaradas responsables de alguna irregularidad: se trata de una actuación de control que busca determinar cómo se tomaron esas decisiones.
El caso Jorge Lemus
La situación de Jorge Lemus tiene un elemento adicional. Durante su paso por la DNI, su nombre apareció relacionado con conversaciones con personas vinculadas a estructuras ilegales en el marco de las gestiones adelantadas durante la política de Paz Total.
Lemus reconoció públicamente que sostuvo conversaciones buscando obtener información de inteligencia y explicó que algunas posibilidades mencionadas en esas conversaciones no llegaron a concretarse.
Ahora, tras la decisión de la UNP, el exdirector de Inteligencia deberá recurrir a los mecanismos administrativos disponibles para controvertir el retiro de su protección.
El debate sobre los esquemas de protección
La discusión va más allá de los nombres de los exfuncionarios. La UNP administra recursos públicos destinados a proteger a personas que enfrentan situaciones de riesgo extraordinario o extremo.
Por eso, la revisión de los esquemas plantea dos asuntos que deben mantenerse separados: la necesidad real de protección de cada persona y la correcta utilización de los recursos públicos.
Durante el gobierno Petro también se registraron numerosos hechos de violencia contra personas que contaban con medidas de protección. Según cifras divulgadas recientemente, entre agosto de 2022 y junio de 2026 se contabilizaron 313 incidentes de seguridad contra personas protegidas por la UNP, incluidos 276 atentados.
Esto hace especialmente relevante que cualquier retiro de protección esté sustentado en estudios de riesgo individuales y que, al mismo tiempo, los recursos estatales sean destinados a quienes efectivamente los necesitan.
Una decisión que todavía puede ser controvertida
El retiro de un esquema no necesariamente constituye una decisión definitiva. Los afectados pueden presentar los recursos previstos en el procedimiento administrativo y aportar elementos que consideren relevantes para demostrar la existencia de un riesgo que amerite mantener las medidas.
El caso de Jorge Lemus será uno de los primeros en conocerse públicamente y permitirá observar cómo se desarrolla esta nueva etapa de revisión de los esquemas de seguridad de la UNP.
