La medida fue adoptada tras la suspensión del convenio relacionado con el nuevo modelo de pasaportes. El Gobierno asegura que las oficinas expedidoras y consulados continuarán atendiendo con normalidad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el estado de urgencia manifiesta con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes y visas colombianas, luego de la suspensión del convenio con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.
La decisión busca asegurar, de manera transitoria, el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, así como de las etiquetas de visa colombiana.
El canciller Omar Bula señaló que la medida tiene como objetivo evitar cualquier interrupción en un servicio considerado esencial para los ciudadanos.
El servicio continúa con normalidad
La Cancillería informó que, pese al escenario generado por la suspensión del convenio, la expedición de pasaportes continúa normalmente.
Las oficinas encargadas de expedir estos documentos y los consulados mantienen su atención al público. Asimismo, las citas que ya habían sido programadas continúan vigentes y los ciudadanos no necesitan realizar trámites adicionales.
La entidad hizo énfasis en que la declaratoria de urgencia manifiesta no significa una suspensión del servicio.
La decisión responde a una orden judicial
La medida también está relacionada con una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, del 2 de septiembre, decretó una medida cautelar dentro de una acción popular.
El Tribunal ordenó la suspensión provisional de la ejecución de instrumentos relacionados con el nuevo modelo de pasaportes y dispuso que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que el servicio no se interrumpiera.
Entre los asuntos que deben ser esclarecidos están los soportes fiscales necesarios para comprometer vigencias futuras, además de aspectos relacionados con la planeación, los cronogramas y el estado de la operación.
Contratación temporal
Ante esta situación, la Cancillería acudió al mecanismo de urgencia manifiesta contemplado en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.
De acuerdo con el Ministerio, los contratos que se deriven de esta declaratoria tendrán un carácter estrictamente transitorio y estarán limitados a las necesidades indispensables para mantener la expedición de pasaportes y visas.
La figura de urgencia manifiesta permite a las entidades estatales adoptar mecanismos contractuales excepcionales cuando existe una situación que exige una respuesta inmediata para garantizar la continuidad de un servicio.
Gobierno prepara una licitación pública
Mientras se adopta esta solución temporal, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que ya inició la estructuración de una licitación pública destinada a establecer un mecanismo permanente para atender la producción y operación relacionada con los documentos de viaje.
La entidad aseguró que el proceso será desarrollado bajo criterios de transparencia, planeación y responsabilidad, con cronograma, responsables definidos y seguimiento mensual.
Además, en cumplimiento de las disposiciones legales, el acto administrativo que declara la urgencia manifiesta, los contratos que se suscriban y sus respectivos antecedentes deberán ser enviados a la Contraloría General de la República para el correspondiente control fiscal.
La prioridad: que los colombianos puedan viajar
La Cancillería sostiene que la prioridad del Gobierno Nacional es impedir que la controversia alrededor del nuevo modelo de pasaportes termine afectando a los ciudadanos.
Por ahora, el mensaje oficial es que las citas permanecen vigentes, las oficinas continúan funcionando y la expedición de pasaportes sigue con normalidad.
La declaratoria de urgencia manifiesta permitirá atender temporalmente la operación mientras avanza el proceso judicial y se estructura la nueva contratación mediante licitación pública.
El caso queda ahora bajo la atención de los organismos de control, particularmente frente al uso de una figura contractual excepcional y a los antecedentes fiscales y administrativos que sustentan la decisión.
