La iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez Martínez y respaldada por el presidente Abelardo De La Espriella, plantea trasladar recursos de la JEP a la Rama Judicial para atender el rezago de procesos pendientes. La Jurisdicción Especial para la Paz advierte sobre el impacto que tendría la reducción presupuestal.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en el centro de una nueva controversia institucional luego de que se planteara trasladar $100.000 millones de su presupuesto de 2027 hacia la Rama Judicial.
La propuesta fue presentada por el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, quien sostiene que estos recursos podrían utilizarse para fortalecer la justicia ordinaria, crear nuevos despachos y atender el rezago de aproximadamente 2,2 millones de procesos pendientes de decisión.
El planteamiento recibió el respaldo del presidente Abelardo De La Espriella, quien manifestó su apoyo a la iniciativa en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
La JEP responde
Desde la JEP, su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, expresó su preocupación por el eventual recorte y señaló que tendría consecuencias importantes para la capacidad operativa de la jurisdicción.
Según información divulgada por la propia JEP, los $100.000 millones equivaldrían a cerca del 62 % de los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios, cuyo presupuesto asciende a aproximadamente $161.271 millones.
Ramelli anunció además que la situación será comunicada a organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
La preocupación de la JEP se fundamenta en que una reducción de esta magnitud podría afectar actividades relacionadas con el funcionamiento territorial y el cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas dentro del sistema de justicia transicional.
Dos visiones sobre los recursos públicos
La discusión plantea dos posiciones frente al destino de esos recursos.
Por un lado, los promotores de la propuesta consideran que la justicia ordinaria necesita mayores recursos para enfrentar el elevado número de procesos pendientes y mejorar su capacidad de respuesta.
Por otro, la JEP sostiene que los recursos asignados a la jurisdicción son necesarios para cumplir las funciones establecidas en el marco del Acuerdo de Paz y garantizar la atención de los casos bajo su competencia.
El debate se desarrolla mientras avanza la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, por lo que la propuesta deberá surtir el trámite correspondiente antes de que pueda determinarse si finalmente se produce el traslado.
¿Qué está en juego?
Más allá de la cifra de $100.000 millones, la controversia abre una discusión sobre las prioridades del Estado en materia de justicia: fortalecer la justicia ordinaria para reducir el número de procesos pendientes o mantener los recursos destinados al funcionamiento de la justicia transicional.
La decisión final corresponderá a las autoridades encargadas del trámite presupuestal.
Mientras tanto, la JEP mantiene su posición de rechazo al eventual recorte y sus directivos han advertido sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría para el cumplimiento de su mandato.
El Espacio Noticias seguirá el trámite de esta propuesta y las decisiones que adopte el Congreso frente al presupuesto de la JEP y de la Rama Judicial.
