La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de pedir una investigación sobre la Universidad de La Guajira y las actuaciones de su rector, Carlos Arturo Robles, abrió un nuevo capítulo de tensión institucional en el departamento. Mientras el Gobierno habla de transparencia y control sobre los recursos públicos, en La Guajira surge otra pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el Ejecutivo sin afectar la autonomía universitaria?
La Universidad de La Guajira quedó en el centro del debate político y académico nacional luego de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara al Ministerio de Educación revisar los manejos de la institución y las actuaciones de su rector, Carlos Arturo Robles.
El anuncio fue realizado este jueves 17 de septiembre durante la visita del mandatario al departamento. Según informó el Gobierno, la decisión responde a información sobre presuntas irregularidades que habría recibido la Presidencia. La documentación, de acuerdo con el propio mandatario, fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación para las verificaciones correspondientes.
De La Espriella fue contundente al señalar que pidió revisar las actuaciones del rector frente a lo que calificó como “un sinnúmero de hechos gravísimos” puestos en conocimiento del Gobierno. También afirmó que ningún funcionario tendría protección si las investigaciones encuentran responsabilidades.
Pero el anuncio deja una pregunta fundamental sobre la mesa.
¿Investigar significa intervenir?
La Universidad de La Guajira no es una dependencia administrativa cualquiera del Gobierno Nacional. La propia institución se define como un ente universitario autónomo de carácter estatal, con autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal.
Por eso, la investigación anunciada por el Gobierno tendrá que desarrollarse con especial cuidado.
El presidente aseguró que respeta la autonomía universitaria, pero sostuvo que esta no puede convertirse en ausencia de controles frente al manejo de recursos públicos. Esa distinción será determinante para evitar que una investigación necesaria termine siendo interpretada como una intervención política sobre la institución.
La diferencia es importante: investigar posibles irregularidades corresponde a las autoridades competentes; determinar responsabilidades requiere pruebas y el debido proceso.
Por ahora, lo que existe públicamente es un anuncio de investigación y el traslado de información a la Fiscalía. No significa que las presuntas irregularidades hayan sido judicialmente comprobadas.
Uniguajira, una institución estratégica para La Guajira
El debate trasciende al rector Carlos Robles.
La Universidad de La Guajira representa una de las principales instituciones de educación superior del departamento y tiene una incidencia directa sobre miles de estudiantes y profesionales.
Según información publicada por Cambio, la institución cuenta con más de 17.000 estudiantes y más de 57 programas académicos. El mismo medio reportó que Robles fue reelegido este año por el Consejo Superior para un nuevo periodo.
Por eso, cualquier conflicto institucional puede tener consecuencias que van mucho más allá de una discusión entre el Gobierno Nacional y la administración universitaria.
La prioridad debería ser que las investigaciones no paralicen la universidad, no afecten a los estudiantes y no terminen convirtiendo la educación superior en escenario de una confrontación política.
La nueva delegada del Gobierno también genera preguntas
Durante su visita, De La Espriella anunció además a Maritza León Vanegas como nueva delegada del Gobierno Nacional ante la Universidad de La Guajira.
Este punto merece especial atención porque el delegado del Gobierno participa en el Consejo Superior, órgano fundamental en las decisiones de la universidad.
La pregunta que seguramente empezará a escucharse en los pasillos de Uniguajira es:
¿La presencia de una nueva delegada contribuirá a fortalecer los controles institucionales o aumentará la tensión alrededor de la administración universitaria?
La respuesta dependerá de cómo actúe la delegada y, especialmente, de si sus actuaciones se mantienen dentro de las competencias que establece el ordenamiento jurídico.
¿Qué dicen los guajiros?
Este es quizás el debate que todavía falta escuchar.
Más allá de las declaraciones del Gobierno y de las posiciones de las directivas universitarias, ¿qué piensan los estudiantes, docentes, egresados, padres de familia y ciudadanos de La Guajira?
Hay quienes pueden considerar necesaria una revisión exhaustiva de los recursos públicos y de la gestión administrativa.
Otros pueden advertir que una investigación anunciada directamente por el presidente puede generar incertidumbre y afectar la estabilidad de una institución que necesita concentrarse en su misión académica.
Y existe una posición intermedia: que se investigue todo lo que tenga que investigarse, pero que las autoridades actúen con independencia, pruebas, transparencia y respeto por la autonomía universitaria.
Ese debería ser el verdadero centro de la discusión.
Transparencia sí, pero también garantías
La pregunta no debería ser si Uniguajira debe estar por encima de la ley. Evidentemente, ninguna institución pública lo está.
La pregunta es cómo se investiga, quién investiga y bajo qué garantías.
Si existen irregularidades, deberán establecerse responsabilidades con pruebas y mediante los procedimientos correspondientes.
Si los señalamientos no se sustentan, también será necesario que las autoridades lo establezcan públicamente y eviten que una institución y sus funcionarios queden sometidos indefinidamente a acusaciones sin resultados.
Porque en medio de esta disputa hay miles de estudiantes que no tienen responsabilidad alguna en las controversias administrativas y políticas.
El debate queda abierto
La decisión presidencial coloca a la Universidad de La Guajira ante uno de los momentos institucionales más delicados de los últimos años.
Investigar puede ser una herramienta para garantizar transparencia. Pero una investigación mal manejada también puede profundizar la polarización y generar incertidumbre dentro de una institución que pertenece a los guajiros.
Ahora corresponde a los organismos competentes determinar qué hay detrás de las denuncias.
Y a la sociedad guajira, estudiantes y comunidad académica, exigir que se conozca la verdad.
Ni impunidad ni persecución: pruebas, transparencia, debido proceso y respeto por la autonomía universitaria.
El Espacio Noticias seguirá el desarrollo de esta investigación y escuchará las voces de estudiantes, docentes, egresados y ciudadanos de La Guajira.
