Presidencia anunció el cierre de las mesas de negociación y espacios sociojurídicos heredados del gobierno Petro. El ELN y otras estructuras armadas quedan fuera de los escenarios institucionales de diálogo.
Bogotá, 11 de septiembre de 2026. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció el cierre de todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la anterior administración, al considerar que estos escenarios no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
La decisión marca un cambio de rumbo frente a la estrategia de negociación impulsada durante el anterior Gobierno y pone punto final a los escenarios institucionales que permanecían abiertos con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales.
De acuerdo con la Presidencia, la instrucción del jefe de Estado comenzó a ejecutarse desde el 7 de agosto, fecha a partir de la cual el Gobierno dio por terminada su participación en estos procesos.
El ELN también queda por fuera de la mesa
Entre los procesos que llegan a su fin está la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La medida también cobija los diálogos establecidos con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, además de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
El anuncio supone, en términos políticos, el cierre de los principales escenarios de negociación que habían sido establecidos por la administración anterior.
Se terminan conversaciones con estructuras criminales
La decisión no se limita a las organizaciones insurgentes.
El Gobierno también anunció el final de los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
A esto se suma el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Más de $7.000 millones en honorarios
Uno de los argumentos económicos expuestos por el Gobierno tiene que ver con los recursos destinados a estos procesos.
Según Presidencia, durante el cuatrienio anterior se desembolsaron más de $7.000 millones exclusivamente en honorarios para voceros, representantes y negociadores.
La cifra no incluye otros gastos asociados a los procesos, como esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás recursos sufragados por el erario.
“Quienes quieran dejar las armas deberán someterse a la justicia”
El Gobierno dejó establecido que no mantendrá escenarios institucionales que, según su posición, puedan ser utilizados para prolongar actividades delictivas, obtener beneficios procesales o evadir el cumplimiento de la ley.
La nueva posición es clara: quienes tengan una voluntad real de abandonar las armas deberán someterse a la justicia. En contraste, quienes continúen ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentados por la Fuerza Pública mediante los mecanismos legales y legítimos del Estado.
Un giro radical en la política de seguridad
El anuncio de la Casa de Nariño representa uno de los primeros grandes giros de la administración De La Espriella en materia de seguridad y manejo de los grupos armados.
La fórmula planteada por el nuevo Gobierno deja atrás los escenarios de negociación heredados y establece una línea basada en sometimiento a la justicia para quienes abandonen las armas y acción de la Fuerza Pública contra quienes mantengan la violencia.
El mensaje político del Gobierno es contundente: no habrá más mesas de diálogo ni espacios institucionales para organizaciones que, a juicio del Ejecutivo, no hayan demostrado una verdadera voluntad de abandonar la actividad armada o criminal.
