El caso del exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar vuelve a ocupar el centro de la atención nacional, esta vez por una serie de hechos que involucran a la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, el sistema penitenciario y la seguridad de funcionarios judiciales.
La alerta comenzó después del hallazgo de un impacto de bala en una ventana de una oficina de la Procuraduría General de la Nación, dependencia relacionada con el procurador delegado ante la Corte Suprema, Pedro Luis Bonilla, quien había tenido participación en asuntos relacionados con el proceso judicial de Gómez.
El hecho generó preocupación dentro de la administración de justicia, especialmente después de que el magistrado de la Corte Suprema José Joaquín Urbano Martínez alertara sobre posibles riesgos para funcionarios vinculados con el proceso que terminó en una nueva condena contra el exgobernador.
Una condena de más de 31 años
Kiko Gómez se encuentra privado de la libertad después de que la Corte Suprema de Justicia revocara una decisión absolutoria y lo condenara a 31 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, en un proceso relacionado con el asesinato del concejal de Barrancas, La Guajira, Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997.
La decisión judicial puso nuevamente bajo los reflectores al antiguo dirigente político guajiro y reactivó las investigaciones alrededor de su entorno.
Sin embargo, hasta el momento no existe una conclusión oficial que permita afirmar que Gómez haya ordenado o participado en el ataque contra la sede de la Procuraduría.
Esa conexión deberá ser establecida por las autoridades mediante pruebas.
Operativo en la celda y hallazgo de un celular
La situación tomó un nuevo giro este jueves.
Por orden del presidente Abelardo De La Espriella, funcionarios del Inpec realizaron un operativo en el lugar de reclusión de Gómez.
Durante el procedimiento fue encontrado un teléfono celular, elemento cuya procedencia y utilización deberán ser establecidas por las autoridades.
El hallazgo resulta particularmente relevante debido a que Gómez se encuentra privado de la libertad y porque las autoridades investigan simultáneamente amenazas relacionadas con funcionarios judiciales.
La pregunta ahora es determinar cómo ingresó el dispositivo al establecimiento penitenciario, quién lo utilizaba y qué información podría contener.
El simple hallazgo del teléfono, por sí solo, no demuestra que haya sido utilizado para ordenar amenazas o cometer algún delito.
Traslado a La Picaleña
Después del operativo, se informó el traslado de Kiko Gómez a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades frente al nuevo escenario de seguridad.
El traslado busca reducir riesgos y mantener bajo control las comunicaciones del condenado mientras avanzan las investigaciones.
Un caso que vuelve a poner a La Guajira en el centro
El expediente de Kiko Gómez no es un caso judicial cualquiera. Durante años, su nombre ha estado asociado a uno de los capítulos más controvertidos de la política y la violencia en La Guajira.
Su nueva condena, las investigaciones sobre su entorno y ahora los hechos que involucran a funcionarios judiciales vuelven a colocar al departamento en el centro del debate nacional sobre poder político, violencia, criminalidad y administración de justicia.
La investigación tendrá que establecer si los hechos ocurridos en Bogotá son episodios independientes o si existe un hilo conductor.
Por ahora, una cosa está clara: una bala encontrada en una oficina de la Procuraduría, amenazas contra funcionarios de la justicia y un celular hallado en la celda de Kiko Gómez han convertido nuevamente su nombre en uno de los principales focos de atención de las autoridades.
El caso apenas comienza a revelar nuevas preguntas.
