El hallazgo de una bala en el despacho de un procurador delegado y posteriormente dos impactos de fusil en las ventanas de su oficina encendieron las alarmas en la Corte Suprema de Justicia. El funcionario participó en el proceso que terminó con una nueva condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez.
La seguridad de magistrados, procuradores y sus familias quedó bajo revisión luego de una serie de hechos que, por su coincidencia con el proceso judicial contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco Gómez Cerchar, generaron preocupación dentro de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado de la Sala de Casación Penal José Joaquín Urbano Martínez envió este miércoles 2 de septiembre una comunicación al presidente de esa Sala, Carlos Roberto Solórzano Garavito, en la que alertó sobre el posible riesgo para los integrantes de la corporación y solicitó reforzar sus medidas de protección.
La advertencia se produjo después de que el procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, informara sobre hechos ocurridos en su despacho, ubicado en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con la información conocida por las autoridades, inicialmente fue encontrada una bala disparada dentro de la oficina. Posteriormente, el funcionario habría encontrado dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil.
Bonilla había intervenido ante la Corte Suprema dentro del proceso relacionado con ‘Kiko’ Gómez.
Una condena que cambió el escenario judicial
El antecedente inmediato es la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en abril de 2026.
El alto tribunal revocó la absolución que había favorecido parcialmente a Gómez Cerchar y lo condenó por el homicidio agravado del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta, asesinado en 1997.
La Corte impuso al exgobernador una pena de 380 meses de prisión, equivalentes a 31 años y ocho meses, además de una multa de 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 120 meses.
En su decisión, la Corte cuestionó la valoración que había realizado el Tribunal Superior de Bogotá y señaló que fueron desatendidos elementos probatorios relacionados con el supuesto poder de intimidación que ejercía Gómez Cerchar en la región y con su capacidad de influencia política y armada.
La preocupación llegó hasta los magistrados
El magistrado José Joaquín Urbano consideró que los hechos recientes ameritaban una reacción inmediata.
En su comunicación advirtió sobre la posibilidad de que los integrantes de la Sala Penal pudieran estar en riesgo precisamente por la decisión adoptada contra Gómez Cerchar y pidió que la situación fuera puesta en conocimiento de la Dirección de Protección de la Policía Nacional.
La preocupación no comenzó únicamente con los disparos.
Según la información conocida por la Corte, la procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque, quien participó en el proceso y presentó una de las demandas de casación contra la absolución inicialmente dictada a favor de Gómez, había manifestado previamente su preocupación por su seguridad y la de otros funcionarios que intervinieron en el expediente.
A esto se sumó la circulación en redes sociales de una versión que hablaba de un supuesto “poderoso asesino guajiro”, actualmente privado de la libertad, que presuntamente habría ordenado asesinatos y habría recomendado a familiares abandonar cargos públicos y trasladarse a Italia.
Sin embargo, este punto es fundamental: el magistrado Urbano no afirmó que esa información hubiera sido elaborada, difundida u ordenada por Kiko Gómez.
¿Ataque dirigido o una coincidencia?
Ese es precisamente uno de los interrogantes que deberán responder las autoridades.
Por ahora, no existe confirmación oficial de que Gómez Cerchar haya ordenado los disparos contra la oficina del procurador ni de que los hechos tengan una conexión criminal directa con la condena.
La investigación deberá establecer desde dónde fueron realizados los disparos, quién los efectuó, cuál fue su propósito y si existió una intención específica de intimidar al funcionario.
La primera hipótesis conocida públicamente incluso contemplaba la posibilidad de que el proyectil correspondiera a una bala perdida. Sin embargo, la aparición posterior de daños y evidencias de disparos en las ventanas elevó la preocupación y llevó a la Corte a solicitar medidas de protección.
Un caso que vuelve a poner la lupa sobre el poder criminal en La Guajira
El nombre de ‘Kiko’ Gómez vuelve así al centro de una controversia que trasciende la sentencia judicial.
La Corte Suprema no solamente modificó el resultado del proceso y restableció una condena por el homicidio de López Peralta, sino que en su fallo hizo referencia a un escenario de poder político, capacidad de intimidación y existencia de una estructura armada alrededor del entonces dirigente guajiro.
Ahora, meses después de aquella decisión, un funcionario de la Procuraduría que intervino en el proceso encuentra una bala en su oficina y posteriormente daños compatibles con disparos.
La coincidencia temporal ha obligado a la justicia a mirar el caso desde una nueva perspectiva.
La pregunta ya no es solamente qué ocurrió en el proceso contra ‘Kiko’ Gómez. También es quién está dispuesto a intimidar o atacar a quienes participaron en la decisión judicial y por qué.
Mientras avanzan las investigaciones, la Corte Suprema solicitó reforzar la seguridad de sus magistrados y de sus familias.
Por ahora, cualquier señalamiento directo contra Gómez Cerchar como responsable de los disparos deberá esperar los resultados de las investigaciones de las autoridades.
Lo que sí está confirmado es que la condena está vigente y que los hechos ocurridos en la Procuraduría ya provocaron una alerta de seguridad dentro de la máxima instancia de la justicia penal colombiana.
