Un informe de empalme advierte sobre un déficit proyectado de $2,4 billones, mientras la flota de vehículos de la entidad prácticamente se duplicó. Una investigación de El Tiempo puso además la lupa sobre un contrato de $22.590 millones que debía firmarse en medio del cambio de Gobierno.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) es una de las entidades que recibe el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella con mayores interrogantes financieros y contractuales.
Su misión es fundamental: proteger la vida de periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, funcionarios y demás personas en riesgo. Sin embargo, las cifras conocidas durante el proceso de empalme y algunos de los contratos tramitados en los últimos meses plantean preguntas que ahora deberán ser respondidas.
Según la información revelada durante el empalme, la UNP enfrenta un déficit proyectado de $2,487 billones para 2026.
Al mismo tiempo, el valor de los activos destinados al transporte pasó de $39.754 millones en 2022 a $124.632 millones en 2026, mientras el número de vehículos y motocicletas aumentó de 431 a 884 unidades.
Es decir, el parque automotor prácticamente se duplicó durante el periodo analizado.
La investigación de El Tiempo
En medio de este panorama, una investigación de El Tiempo, publicada por su Unidad Investigativa, puso la lupa sobre un contrato de $22.590 millones relacionado con camionetas de alta gama de la UNP.
El periódico advirtió que el proceso venía de la administración anterior y que su firma estaba prevista para la medianoche del martes 18 de agosto, cuando ya se había producido el cambio de Gobierno.
La publicación planteó una pregunta de fondo: si el nuevo Gobierno acaba de recibir una entidad con graves dificultades presupuestales, ¿debería continuar adelante con un contrato millonario que viene de la administración Petro o debería suspenderlo y revisarlo?
La denuncia periodística adquiere mayor relevancia al contrastarla con la situación financiera de la entidad.
No se trata de poner en duda la necesidad de proteger a las personas amenazadas. La discusión está en determinar si los recursos destinados a esa protección están siendo contratados y administrados bajo criterios de necesidad, austeridad, transparencia y eficiencia.
La herencia de Augusto Rodríguez
La investigación realizada sobre la contratación pública permite identificar en SECOP II un proceso de la UNP por $22.590.212.564, destinado al arrendamiento de vehículos convencionales para ser utilizados como medidas de protección dentro del Programa de Prevención y Protección.
El proceso fue publicado el 16 de julio de 2026 e incluyó estudios previos, análisis del sector, matriz de riesgos y proyecto de pliego.
El hecho de que exista un proceso contractual no significa, por sí mismo, que haya irregularidades.
Pero sí significa que hay información que debe ser conocida por la opinión pública: cuántos vehículos se pretendían contratar, cuál era su costo individual, durante cuánto tiempo, quiénes serían los beneficiarios y qué estudio técnico justificó la necesidad de realizar la contratación.
También será necesario establecer si el proceso finalmente fue adjudicado y firmado o si, después de la denuncia de El Tiempo, se tomó alguna decisión para suspenderlo o revisarlo.
Una flota que creció más del 100 %
La UNP pasó de 431 vehículos y motocicletas en 2022 a 884 en 2026.
Durante el mismo periodo, el valor de los activos destinados al transporte pasó de $39.754 millones a $124.632 millones.
La explicación oficial puede estar relacionada con el aumento de las personas que requieren protección y con el deterioro de las condiciones de seguridad en diferentes regiones del país.
Pero precisamente por tratarse de recursos públicos, el crecimiento debe estar respaldado por cifras y estudios que permitan responder una pregunta elemental:
¿Cuántos vehículos necesita realmente la UNP para cumplir su misión?
Los contratos que deben quedar bajo la lupa
Uno de los capítulos que deberá revisar el nuevo Gobierno está relacionado con las empresas que durante años han participado en los millonarios contratos de arrendamiento de vehículos blindados de la UNP.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación y formuló pliego de cargos contra varias compañías por posibles prácticas restrictivas de la competencia en procesos de contratación de la entidad.
Entre las empresas mencionadas aparecen Neostar Seguridad de Colombia, GMW Security Rent a Car, Blinsecurity de Colombia, Vehículos Blindados de Colombia (Veblinco), Alliance Security Rent Car, M.I. Blindajes, Vector Alquiler de Vehículos Blindados, Nacional Rent Car y Armati. Según la SIC, la investigación busca establecer si existió una posible coordinación entre los participantes para repartirse grupos o zonas de contratación, limitar la competencia y favorecer determinados resultados.
La entidad encontró que, durante varios procesos, 84 de 90 zonas adjudicadas más del 93 % no tuvieron competencia efectiva, un comportamiento que, según la autoridad, resulta difícil de explicar bajo un escenario de libre competencia.
La investigación de la SIC también señala que algunas de estas empresas habrían participado en estructuras plurales o uniones temporales que terminaron obteniendo determinados grupos de contratación de manera recurrente.
En el caso del proceso PSA-UNP-119-2023, por ejemplo, Alliance Security Rent Car resultó adjudicataria del Grupo 10, mediante un contrato suscrito con la UNP en diciembre de 2023.
El caso resulta especialmente sensible porque no se trata de contratos menores: los procesos investigados involucran millonarios recursos públicos destinados a garantizar la seguridad de personas en riesgo.
Por ello, el nuevo Gobierno debería revisar no solamente el contrato de $22.590 millones que hoy está bajo cuestionamiento, sino también la trayectoria contractual de las empresas que durante los últimos años han concentrado buena parte del negocio de los vehículos blindados de la UNP.
Es importante precisar que la apertura de una investigación y la formulación de cargos no constituyen una declaración de responsabilidad. Será la propia SIC, dentro del procedimiento administrativo, la que determine si las conductas investigadas ocurrieron y si hubo infracciones a las normas de libre competencia. De hecho, la SIC mantiene abierta la investigación sobre estos procesos.
También deberían revisarse las adiciones, prórrogas y modificaciones contractuales, los estudios de mercado utilizados para establecer los precios y la relación entre el costo de cada esquema y el nivel de riesgo de cada beneficiario.
Otro capítulo sensible es el control sobre la utilización de los vehículos.
En 2024, varios automotores de la UNP fueron involucrados en un polémico episodio en Antioquia, donde fueron encontrados integrantes de las disidencias de las FARC, además de armas y dinero.
El caso puso en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para garantizar que los vehículos financiados por el Estado sean utilizados exclusivamente para cumplir su misión de protección.
No se puede ahorrar poniendo vidas en riesgo
La revisión de los contratos de la UNP no puede convertirse en una política de recortes indiscriminados.
Detrás de cada camioneta existe una persona que puede estar enfrentando amenazas reales y cuya vida depende de un esquema de seguridad.
Pero proteger vidas tampoco puede ser una carta blanca para contratar sin controles.
El nuevo Gobierno tendrá que encontrar el equilibrio entre garantizar la seguridad y proteger los recursos públicos.
Por eso, el contrato de $22.590 millones señalado por El Tiempo debería ser apenas el punto de partida de una revisión mucho más amplia.
La pregunta para el nuevo Gobierno
La UNP recibe una entidad con un déficit proyectado de $2,4 billones, una flota que pasó de 431 a 884 vehículos y una contratación millonaria que quedó en medio del cambio de administración.
Ahora corresponde establecer qué se contrató, por qué se contrató, cuánto se pagó, quiénes fueron los beneficiarios y qué controles existieron.
No se trata de buscar responsables antes de tiempo.
Se trata de abrir los contratos, revisar los documentos y permitir que los colombianos conozcan cómo se manejaron los recursos destinados a la protección de sus ciudadanos.
La investigación de El Tiempo puso el primer foco. Ahora le corresponde al nuevo Gobierno, a los organismos de control y a la ciudadanía revisar el resto del expediente.
