La Unidad Nacional de Protección (UNP) atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. A las protestas de trabajadores y sindicatos por presuntos incumplimientos laborales se suman nuevas denuncias sobre procesos de contratación y fuertes cuestionamientos políticos que mantienen a la entidad en el centro del debate nacional.
Desde comienzos de esta semana, empleados, escoltas, conductores y organizaciones sindicales mantienen jornadas de protesta frente a la sede principal de la UNP en Bogotá. Los manifestantes denuncian irregularidades en los procesos de contratación de personal, cambios en los esquemas laborales y la posible pérdida de estabilidad para cientos de trabajadores que prestan servicios de protección a líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, excombatientes y funcionarios del Estado.
Los sindicatos han advertido que las movilizaciones podrían extenderse durante las próximas semanas si el Gobierno Nacional no instala una mesa de negociación que permita revisar los procesos administrativos y las decisiones adoptadas por la dirección de la entidad.
Los voceros sindicales sostienen que uno de los principales motivos de la protesta es la creación de miles de nuevos cargos dentro de la planta de personal de la UNP, proceso que, según ellos, carece de reglas claras y suficientes garantías de transparencia.
Wilson Devia, presidente del sindicato mayoritario de la entidad, aseguró que la preocupación no es la creación de nuevos empleos, sino la forma en que serían provistos.
«Lo que estamos peleando es que crearon 6.000 cargos, pero la entidad tiene amarrados esos cargos para nombrar gente de confianza. Lo que queremos es transparencia en el proceso», manifestó el dirigente sindical.
Por su parte, Fernando Moreno, presidente de otra organización sindical, afirmó que durante varios meses solicitaron reuniones con la dirección de la UNP para conocer cómo se realizarían los nombramientos, sin obtener respuestas satisfactorias.
Según Moreno, existe preocupación porque cerca de mil cargos podrían ser ocupados sin un proceso abierto, situación que, a juicio de los trabajadores, debe ser aclarada antes del cambio de gobierno. También advirtió que los manifestantes están dispuestos a permanecer en protesta «hasta 15 días o hasta que termine este gobierno», si no se logran acuerdos.
Petro responde a las protestas
La situación escaló luego de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara públicamente sobre las manifestaciones. El mandatario aseguró que dentro de la Unidad Nacional de Protección existen sectores que se resisten a los cambios impulsados por el Gobierno y afirmó que no permitirá que intereses particulares interfieran en la reorganización de la entidad.
Las declaraciones presidenciales provocaron una inmediata reacción de las organizaciones sindicales, que rechazaron cualquier señalamiento y defendieron el carácter laboral de las protestas. Los representantes de los trabajadores insistieron en que su movilización busca garantizar transparencia en la contratación y proteger los derechos de quienes integran los esquemas de seguridad.
Cuestionamientos por procesos de contratación
Paralelamente, continúan apareciendo denuncias relacionadas con varios procesos contractuales adelantados por la UNP. Entre los cuestionamientos figuran modificaciones en licitaciones para la contratación de personal de protección, cambios en los requisitos de participación y decisiones administrativas que, según algunos sectores, ameritan una revisión por parte de los organismos de control.
Estas denuncias han incrementado la presión sobre la administración de la entidad, que deberá responder tanto a los requerimientos de los entes de vigilancia como a las inquietudes planteadas por trabajadores y organizaciones sociales.
Una entidad clave para la seguridad del país
La crisis adquiere especial relevancia debido al papel que desempeña la Unidad Nacional de Protección. La entidad es responsable de garantizar la seguridad de miles de personas en riesgo extraordinario, entre ellas periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos, magistrados, fiscales y firmantes del Acuerdo de Paz.
Cualquier afectación en su funcionamiento genera preocupación por la continuidad de los esquemas de protección y la capacidad institucional para responder a nuevas solicitudes en un contexto de persistencia de amenazas y violencia contra diversos sectores de la sociedad.
Expectativa por decisiones del nuevo Gobierno
La situación también coincide con el periodo de transición presidencial, por lo que existe expectativa sobre las decisiones que adoptará el nuevo Gobierno respecto al futuro de la UNP. Entre los temas que podrían ser revisados figuran la estructura administrativa de la entidad, los procesos de contratación, los mecanismos de supervisión y la política pública de protección.
Mientras avanzan las protestas y continúan las denuncias, la Unidad Nacional de Protección enfrenta uno de los mayores retos de su historia reciente: recuperar la confianza institucional, garantizar la transparencia en sus actuaciones y asegurar que los miles de esquemas de protección continúen operando sin interrupciones en un momento de alta sensibilidad para el país.
