Tierralta, Córdoba. El asesinato del periodista comunitario, locutor y líder social Jader Durango Petro vuelve a poner en evidencia la grave situación de seguridad que enfrentan los comunicadores en Colombia, especialmente aquellos que ejercen su labor desde las regiones, donde informar suele convertirse en una actividad de alto riesgo.
De acuerdo con la información preliminar, Durango Petro fue atacado por hombres armados en el municipio de Tierralta, Córdoba. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables, mientras organizaciones defensoras de la libertad de prensa exigieron una investigación rápida, independiente y con todas las garantías.
El homicidio ocurre en un contexto en el que el periodismo colombiano continúa enfrentando amenazas, intimidaciones, desplazamientos forzados y agresiones. Los periodistas que cubren temas relacionados con corrupción, grupos armados, narcotráfico, minería ilegal, contratación pública y política regional siguen siendo los más expuestos a represalias por el ejercicio de su labor.
Más allá de un ataque contra una persona, el asesinato de un periodista representa un atentado contra el derecho de toda la sociedad a estar informada. Cuando se silencia una voz periodística mediante la violencia, también se limita el acceso de la ciudadanía a información de interés público y se debilita la democracia.
La muerte de Jader Durango Petro reabre el llamado urgente al Estado colombiano para fortalecer los mecanismos de protección de periodistas, garantizar investigaciones eficaces y combatir la impunidad que, durante años, ha rodeado numerosos crímenes contra comunicadores en el país.
Desde distintos sectores se han expresado mensajes de rechazo y solidaridad con la familia del periodista, al tiempo que se exige justicia y garantías reales para quienes continúan ejerciendo el periodismo en medio de amenazas y escenarios de violencia.
En Colombia, informar no debería costar la vida. Sin embargo, cada nuevo asesinato de un periodista recuerda que la libertad de prensa continúa enfrentando enormes desafíos y que proteger a quienes investigan y denuncian es una responsabilidad inaplazable del Estado y de toda la sociedad.
