La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme este jueves la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al confirmar la sentencia de 28 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el caso del grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, estructura armada ilegal señalada de cometer homicidios selectivos y ejercer acciones de “limpieza social” en el norte de Antioquia durante la década de 1990.
La decisión del alto tribunal ratificó el fallo emitido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia, que en noviembre de 2025 revocó la absolución inicial y concluyó que existían suficientes pruebas para establecer la responsabilidad penal de Santiago Uribe por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Con ello, la Corte cerró uno de los procesos judiciales más prolongados y controvertidos del país, un expediente que durante décadas estuvo rodeado de tensiones políticas, cuestionamientos probatorios y un amplio debate nacional.
El caso se remonta a las investigaciones sobre el accionar de “Los 12 Apóstoles”, un grupo armado ilegal que, según la justicia, operó principalmente en el municipio de Yarumal, Antioquia, y otras zonas cercanas, donde fueron asesinadas personas señaladas de tener vínculos con organizaciones insurgentes o consideradas delincuentes comunes.
Las autoridades judiciales sostuvieron que la organización funcionó como una estructura criminal dedicada a imponer control territorial mediante amenazas y homicidios.
Dentro del proceso, uno de los episodios centrales fue el asesinato del conductor Camilo Barrientos Durán, ocurrido en 1994, caso por el cual la justicia determinó responsabilidad dentro del entramado criminal atribuido a “Los 12 Apóstoles”.
Durante el juicio fueron valorados testimonios de exintegrantes de organismos de seguridad, declaraciones de antiguos miembros de la estructura ilegal y otros elementos de prueba que, según los magistrados, permitieron establecer el vínculo de Santiago Uribe con la organización paramilitar.
La defensa de Santiago Uribe sostuvo a lo largo del proceso que el expediente estuvo basado en testimonios contradictorios y aseguró que existieron inconsistencias en la valoración de las pruebas.
Sus abogados insistieron en la inocencia del hermano del exmandatario y acudieron ante la Corte Suprema buscando revertir la condena impuesta en segunda instancia.
No obstante, el alto tribunal resolvió confirmar integralmente la sentencia, dejando agotada una de las principales etapas judiciales del proceso.
Tras conocerse la decisión, el caso volvió a generar reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos debido al peso simbólico de la familia Uribe en la vida pública colombiana.
El expresidente Álvaro Uribe manifestó públicamente su rechazo a la decisión y lamentó el impacto de la condena sobre su familia, mientras sectores defensores de derechos humanos consideraron el fallo como un precedente relevante en materia de justicia frente a presuntos vínculos con estructuras paramilitares.
La confirmación de la condena revive uno de los capítulos más sensibles del conflicto armado colombiano y vuelve a poner bajo discusión el papel de actores regionales durante la expansión de grupos paramilitares en Antioquia.
Con la sentencia ya en firme, las autoridades deberán avanzar en los procedimientos correspondientes para el cumplimiento de la pena, mientras la defensa analiza las alternativas jurídicas que aún podrían intentarse dentro del marco legal colombiano.
