La Resolución 00119 de 2026 busca acelerar las investigaciones de homicidios, amenazas e intimidaciones contra periodistas, comunicadores y trabajadores de medios, reconociendo el periodismo como un pilar esencial para la democracia.
En un momento de creciente preocupación por las agresiones, intimidaciones y amenazas contra periodistas en Colombia, la Fiscalía General de la Nación anunció una nueva estrategia institucional para enfrentar estos hechos.
Mediante la Resolución 00119 de 2026, expedida el pasado 7 de mayo, el ente investigador adoptó lineamientos especiales para priorizar y fortalecer las investigaciones relacionadas con crímenes y ataques contra quienes ejercen labores informativas.
La medida representa un cambio importante en la manera como serán abordados estos casos, al establecer estándares más estrictos para fiscales y funcionarios judiciales, con el propósito de evitar impunidad, acelerar procesos y garantizar una reacción más efectiva frente a los riesgos que enfrenta la prensa en el país.
La decisión surge bajo el reconocimiento de que los ataques contra periodistas no solo afectan a una persona en particular, sino que golpean directamente derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el debate público.
En otras palabras, cuando se silencia a un periodista mediante amenazas o violencia, también se limita el derecho de la ciudadanía a conocer hechos de interés general.
Uno de los puntos más relevantes de la resolución consiste en que la Fiscalía ya no deberá limitarse únicamente al hecho criminal en sí, sino analizar el contexto integral de cada agresión.
Esto significa que, cuando un periodista sea amenazado, atacado o asesinado, los fiscales tendrán que examinar qué temas investigaba, qué denuncias venía realizando, a quiénes podía afectar la información publicada o qué intereses estaban siendo expuestos.
La nueva directriz busca identificar si detrás de las agresiones existe un posible móvil de censura, retaliación o presión derivada del ejercicio periodístico, especialmente cuando se investigan temas sensibles como corrupción, crimen organizado, contratación pública, estructuras políticas o economías ilícitas.
En la práctica, esto implica que las publicaciones, entrevistas, investigaciones y denuncias del comunicador podrían convertirse en piezas clave dentro del material probatorio.
Investigaciones más rápidas y sin dilaciones
La Resolución 00119 de 2026 también establece un estándar de “debida diligencia reforzada”, lo que obliga a los fiscales a actuar con mayor rapidez y rigor técnico en este tipo de investigaciones.
La Fiscalía busca evitar que los casos de amenazas o violencia contra periodistas queden archivados, fragmentados o sufran retrasos injustificados.
Para ello, se ordena fortalecer la recolección inmediata de pruebas, la preservación de evidencias digitales y físicas, y un análisis integral de los hechos desde las primeras etapas de la investigación.
En casos donde exista un riesgo actual o inminente para la vida o integridad del periodista, la resolución establece que deberán activarse de manera prioritaria medidas de protección, verificaciones urgentes del nivel de amenaza y mecanismos preventivos para impedir nuevas agresiones.
Este punto cobra relevancia en regiones donde periodistas locales denuncian presiones de grupos armados, corrupción política o redes criminales, y muchas veces continúan ejerciendo bajo condiciones de vulnerabilidad.
Reconocimiento a periodistas digitales y sin acreditación formal
Otro aspecto novedoso del lineamiento es el reconocimiento de nuevas formas de ejercicio periodístico.
La Fiscalía deja claro que para ser reconocido como periodista no será obligatorio portar una credencial, estar vinculado a un gran medio o contar con acreditaciones formales. Bastará con demostrar el ejercicio real y permanente de actividades informativas.
Esto incluye a comunicadores independientes, periodistas comunitarios, medios alternativos y quienes ejercen labores periodísticas en plataformas digitales y redes sociales.
La medida busca responder a la evolución del ecosistema mediático colombiano, donde gran parte de las denuncias ciudadanas, investigaciones locales y cobertura regional ya no provienen exclusivamente de medios tradicionales.
Más articulación institucional y mejor manejo de denuncias
La resolución también apunta a corregir fallas operativas históricas en el tratamiento de estos casos.
Según el nuevo modelo, se fortalecerán los mecanismos de recepción, registro y clasificación de denuncias para identificar desde el inicio si existe relación entre la agresión denunciada y el trabajo periodístico de la víctima.
Además, la Fiscalía pretende evitar investigaciones aisladas o desconectadas entre sí, promoviendo una mayor articulación entre sus distintas direcciones especializadas, intercambio de información y análisis de patrones criminales.
Esto podría facilitar, por ejemplo, detectar si amenazas en diferentes regiones provienen de una misma estructura ilegal o si existen formas sistemáticas de intimidación contra la prensa.
Canal con organizaciones defensoras de prensa
Como parte del fortalecimiento institucional, la Fiscalía anunció un canal permanente de interlocución con organizaciones defensoras de libertad de prensa y sociedad civil.
La intención es mejorar el acompañamiento a víctimas, fortalecer la prevención y acceder a información relevante que ayude a esclarecer casos o anticipar riesgos.
Igualmente, se implementarán procesos de capacitación para fiscales y funcionarios encargados de recibir denuncias, con el objetivo de mejorar el entendimiento del contexto periodístico y evitar errores de valoración.
Un mensaje en medio de crecientes tensiones
La expedición de esta resolución llega en un escenario donde distintos sectores han advertido sobre un aumento de presiones, amenazas y estigmatización contra periodistas, especialmente en regiones apartadas del país.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa, uno de los principales desafíos sigue siendo la impunidad y la falta de respuestas rápidas cuando los comunicadores denuncian amenazas.
Con esta nueva política, la Fiscalía busca enviar un mensaje institucional: los delitos contra periodistas deberán investigarse con prioridad, contexto y mayores herramientas para identificar responsables.
El reto, sin embargo, será que estos lineamientos no queden solo en el papel y realmente se traduzcan en investigaciones efectivas, protección oportuna y garantías para quienes ejercen el periodismo en territorios donde informar sigue siendo, muchas veces, una actividad de alto riesgo.
