Ordenan entregar credencial a Micher Pérez pese a controversias judiciales y acusaciones de “choque institucional”
La crisis jurídica y electoral en Fonseca, La Guajira, escala a un nuevo nivel. Mientras siguen vigentes cuestionamientos sobre la legalidad de decisiones judiciales relacionadas con la candidatura de Micher Pérez Fuentes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió la Resolución 2415 de 2026 ordenando culminar los escrutinios y entregar la credencial al dirigente político.
Mediante la cual la autoridad electoral indicó a la Comisión Escrutadora Departamental que debía acatar de manera preferente las decisiones judiciales vigentes y proceder con la entrega de la credencial al controvertido exalcalde inhabilitado por el mismo órgano electoral. CNE.
El anuncio reabrió un fuerte debate sobre la seguridad jurídica en Colombia y sobre el uso de las acciones de tutela dentro de procesos electorales de alto impacto.
El origen de la controversia
El caso comenzó cuando el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de Micher Pérez Fuentes mediante las resoluciones 2094 y 2098 de 2026, decisiones que dejaron sin efectos su aspiración a la Alcaldía de Fonseca para las elecciones atípicas celebradas el pasado 3 de mayo.
Sin embargo, posteriormente comenzaron a presentarse distintas acciones judiciales que terminaron modificando el panorama político y electoral del municipio.
En una primera decisión, un juzgado penal concedió una medida provisional que permitió la participación del candidato en los comicios mientras se resolvía de fondo la tutela presentada. Más adelante, el Tribunal Superior de Riohacha dejó sin efectos esa medida provisional.
Cuando parecía que el debate judicial había quedado cerrado, el Tribunal Administrativo de La Guajira admitió una nueva acción de tutela y suspendió nuevamente los efectos de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral.
Ahora, con base en esa última decisión judicial, el organismo electoral ordenó entregar la credencial a Micher Pérez Fuentes.
Cuestionamientos a las decisiones judiciales
Las nuevas actuaciones provocaron fuertes críticas y cuestionamientos por parte de distintos sectores jurídicos, que consideran que el caso refleja un grave problema de inseguridad jurídica y de choques entre autoridades judiciales.
Uno de los principales reparos es que el mismo conflicto habría sido discutido varias veces ante distintos despachos judiciales, reproduciendo el mismo efecto material: suspender o neutralizar las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
Abogados e intervinientes dentro del proceso han advertido que permitir tutelas sucesivas sobre un mismo asunto podría abrir la puerta para que cualquier controversia electoral sea llevada repetidamente ante diferentes jueces hasta obtener una decisión favorable.
Según los cuestionamientos presentados ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, esto pondría en riesgo principios fundamentales como el debido proceso, la seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales.
El debate sobre la tutela en Colombia
El caso Fonseca volvió a abrir una discusión nacional sobre los límites de la acción de tutela en asuntos electorales.
Mientras algunos sectores sostienen que las decisiones judiciales buscan proteger derechos fundamentales y garantizar garantías constitucionales, otros consideran que se está utilizando la tutela como un mecanismo paralelo para alterar decisiones electorales incluso después de realizadas las elecciones.
Las críticas también apuntan a que las decisiones judiciales terminan generando escenarios contradictorios, donde un mismo acto administrativo puede aparecer simultáneamente suspendido y vigente dependiendo del despacho que conozca el caso.
Para varios juristas, la situación refleja un problema más profundo dentro del sistema judicial colombiano: la falta de coherencia entre decisiones, el choque de competencias y la creciente utilización de medidas provisionales en disputas políticas y electorales. Muchos las catalogan como sospechosas.
Un caso que trasciende a Fonseca
Lo ocurrido en Fonseca ya dejó de ser una controversia local. El desenlace del proceso podría convertirse en un precedente nacional sobre el alcance de la tutela en materia electoral y sobre la capacidad de las instituciones para ofrecer decisiones claras, definitivas y respetadas por todas las autoridades.
Mientras avanza la disputa judicial, en el ambiente político y jurídico permanece una pregunta que hoy genera preocupación en distintos sectores del país: si las decisiones electorales terminan dependiendo de una cadena de tutelas y medidas provisionales, ¿qué tan sólida es realmente la seguridad jurídica en Colombia?.
El caso Fonseca terminó convirtiéndose en el reflejo de una justicia atrapada entre intereses políticos, decisiones contradictorias y una peligrosa pérdida de autoridad institucional.
Mientras el país observa cómo un mismo proceso pasa de revocado a habilitado y de suspendido a vigente en cuestión de días, crece la sensación de que las reglas pueden doblarse dependiendo del juez, la presión o la estrategia jurídica del momento.
Y cuando las elecciones dejan de definirse con claridad en las urnas para terminar en una guerra de tutelas, amenazas, tensión social y maniobras judiciales, lo que realmente entra en crisis no es solo una alcaldía, sino la confianza de toda una ciudadanía en el Estado y en la justicia colombiana.
Por lo pronto ya cursa un recurso donde solicitan anular la credencial entregada de manera contradictoria a Micher Perez por parte del CNE.
