La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
De acuerdo con el escrito de acusación presentado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el alto oficial habría adoptado decisiones contrarias a la ley en el ejercicio de sus funciones, presuntamente utilizando su investidura para alterar el curso normal de un procedimiento judicial relacionado con narcotráfico. La Fiscalía sostiene que las actuaciones atribuidas no solo habrían afectado la legalidad de un operativo de interdicción marítima, sino que también comprometieron la integridad de documentos oficiales que respaldaban las capturas.
El ente acusador argumenta que el presunto prevaricato por acción se habría configurado al impartir órdenes que contravenían normas legales vigentes, mientras que la supuesta destrucción y manipulación de documentos públicos habría tenido como finalidad impedir que la justicia contara con soporte probatorio suficiente. Estas conductas, de comprobarse en juicio, podrían acarrear penas privativas de la libertad y sanciones accesorias, dada la gravedad de los delitos imputados y la calidad del procesado como alto oficial de la Fuerza Pública en el momento de los hechos.
Liberación de capturados en operación antidrogas
Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2015, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N°73, con sede en Urabá.
De acuerdo con el ente acusador, habría impartido la orden de dejar en libertad a dos ciudadanos colombianos y a un ciudadano hondureño capturados en flagrancia durante un procedimiento de interdicción marítima realizado por la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana.
En la operación fueron incautados 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína que se encontraban ocultos en una lancha rápida en altamar.
Presunta destrucción de documentos
Según los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el vicealmirante en retiro presuntamente dispuso la destrucción de los documentos que soportaban las detenciones de los tripulantes de la embarcación.
Asimismo, habría ordenado consignar información falsa en documentos oficiales con el fin de justificar la liberación de los capturados.
La audiencia preparatoria de juicio oral se realizará en la fecha que determine la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
