La salida del general Edwin Urrego y del teniente coronel Óscar Moreno de sus cargos abrió un debate nacional que, lejos de cerrarse, se profundiza. La explicación oficial se apoyó en anónimos y reportes sin verificación plena. La reconstrucción de hechos, documentos y testimonios plantea una hipótesis distinta: que ambos oficiales venían desmantelando prácticas irregulares dentro de la propia institucionalidad, prácticas que según fuentes externas beneficiaban a redes criminales con intereses en despojo de tierras, logística portuaria ilegal y al parecer bodegajes de narcotráfico.
El punto de partida fue un predio de la familia Caro, ubicado en el corregimiento de Salgar. César Caro radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en la que expuso presuntos intentos de despojo, ingresos por vía de hecho, presiones administrativas y actuaciones policiales que, según su versión, buscaban forzarlo a perder parte de las 10 hectáreas de tierra heredada por su padre. En ese expediente aparece mencionado el secretario de Seguridad y Convivencia de Puerto Colombia, Saúl Leiva, señalado por el denunciante y por fuentes del proceso como una figura determinante en la toma de decisiones alrededor del predio.
La situación cambió cuando el caso llegó a mandos superiores. El coronel Óscar Moreno, entonces comandante del Primer Distrito de la Policía Metropolitana de Barranquilla, revisó los procedimientos aplicados en Salgar y ordenó corregirlos. Esa actuación contó con el respaldo del general Edwin Urrego. quien ordeno una investigación disciplinaria contra los uniformados implicados. Para residentes del sector y líderes comunitarios, esa intervención significó un quiebre: se detuvieron prácticas que describían como abusivas y se restableció la legalidad. Según el material recopilado durante el proceso investigativo, fue en ese punto cuando el asunto dejó de ser un conflicto local y comenzó a afectar intereses más amplios.
Después de esa corrección empezaron a circular mensajes anónimos, se elaboraron informes internos cuya verificación ha sido cuestionada y surgieron señalamientos de alto nivel político. el ministro del interior venia haciendo señalamientos contra el general Urrego, incluso surgieron comentarios que Benedetti estaba incomodo con algunas actuaciones que el general Urrego venia realizado como comandante de la policía metropolitana de Barranquilla. El desenlace fue administrativo: Moreno y Urrego salieron de sus cargos. Aunque no se conocen imputaciones penales en su contra. Para las fuentes consultadas, la secuencia sugiere una retaliación institucional; desde otras orillas se ha hablado de decisiones precipitadas. Lo cierto es que la intervención tocó un tema que, según coinciden varias versiones, traspasó lo cotidiano.
En medio del remezón liderado por el General Urrego comenzaron los movimientos internos, el sargento Lozada fue enviado a otro punto de la ciudad, el capitán Óscar Leiva, hermano de Saúl Leiva, fue trasladado. En paralelo, el capitán Jhonatan Ortiz salió de la institución y posteriormente asumió un cargo administrativo en la órbita del despacho del propio Leiva. Para sectores de la población estos cambios consolidaron la percepción de concentración de poder local.
Habitantes y líderes comunitarios describen a Saúl Leiva como un funcionario con influencia sostenida y lo señalan como cercano a Camilo Torres, identificado como jefe político del alcalde de Puerto Colombia Plinio Cedeño Gómez. Euclides Torres ha sido mencionados en Reportajes de investigación por ejemplo Cuestión Pública ha publicado materiales que vinculan, en términos económicos o patrimoniales, empresas relacionadas con la red de Torres y movimientos de dinero que, según esos reportes, habrían tenido conexión con la adquisición o financiamiento de bienes vinculados a cercanos del ministro Armando Benedetti. Esos trabajos exponen transferencias, préstamos o flujos que merecen verificación documental. también han protagonizado cuestionamientos por la capacidad del clan Torres para financiar eventos políticos y luego ganar contratos, que contraponen la financiación política y la adjudicación de contratos públicos en el Atlántico. Estas coberturas han impulsado investigaciones periodísticas y, en algunos casos, vigilancia de las autoridades.
Volviendo al tema del flagelo de robo de tierras existen diversos casos documentados como el de una constructora que lleva más de una década en litigio por un lote de dos hectáreas en Puerto Colombia también muestran otro frente de conflicto: ocupación prolongada respaldada por decisiones administrativas que a ojos de los denunciantes no se ajustan al debido proceso. En ese caso, a pesar de sentencias y resoluciones administrativas, los ocupantes mantienen la posesión de un predio con alto valor urbanístico, lo que alimenta la percepción de favoritismo institucional o estructuras paralelas que dificultan el cumplimiento de decisiones judiciales y siempre mencionan los mismos nombres Saul Leiva, Carlos Leiva, sargento Lazada y Jonatan Ortiz,
Cómo funciona el cartel?
Según la reconstrucción realizada por este medio a partir de fuentes directas, documentación conocida y trabajo de campo, el cartel opera como un engranaje por capas que articula control territorial, cobertura institucional, logística portuaria flexible y mecanismos de blanqueo de capitales. El punto de partida es la tierra: predios estratégicamente ubicados cerca del mar, funcionales para bodegaje temporal, accesos discretos y operaciones nocturnas fuera del escrutinio público.
Sobre esa base actúa una capa institucional que no transporta mercancía, pero cumple una función clave: vaciar el territorio .En la interpretación que se desprende del conjunto de indicios esta capa se activa mediante cierres selectivos, acordonamientos, patrullajes disuasivos y restricciones al ingreso de particulares en franjas horarias específicas, principalmente en la madrugada. Esa limpieza del entorno habilita la logística costera, que alterna entre puntos de playa, muelles improvisados y, según denuncias recopiladas, intervenciones sobre ecosistemas de manglar, que terminarían por degradarlos o hacerlos desaparecer para ganar control físico del territorio, configurando un posible atentado ambiental.
Con base en relatos obtenidos durante el trabajo de campo, coinciden en que el funcionamiento del cartel depende menos del movimiento visible de cargamentos que de la gestión del entorno. El objetivo no es exhibir poder ni violencia, sino eliminar testigos. Para ello se activan protocolos informales que obliga a civiles, pescadores y transeúntes a retirarse.
La logística costera es el siguiente eslabón. La fuente explica que no siempre se usa un muelle formal. Se emplean puntos de costa, transbordos en embarcaciones menores acercan carga a buques fondeados frente a sectores como Punta Roca. En otras ocasiones, la carga se consolida y sale vía sistema portuario del área metropolitana, donde la contaminación de contenedores ya ha sido probada en investigaciones judiciales en Barranquilla. Para reducir riesgos, la estructura fragmenta envíos.
La ruta de abastecimiento, añade la fuente, no es única. Parte del material llega desde corredores fluviales como Magangué, donde confluyen trayectos del Magdalena. Otra parte proviene de la Sierra Nevada de Santa Marta y diversos laboratorios que son construidos en terrenos donde han desplazado inclusive a sus propios dueños en diferente zonas del país. Dentro del relato recibido por ex narcotraficantes aseguran que han llegado aportes de cocaína del Cauca. Para partidas pequeñas, se usan aeronaves ligeras y pistas o helipuertos improvisados; la fragmentación reduce incautaciones de alto impacto y facilita recomposición cerca del mar.
Pese a las capturas anunciadas de cabecillas del clan del Golfo y al impacto operativo de los golpes contra estructuras armadas, los registros judiciales y el seguimiento posterior muestran que los niveles estratégicos de la red no fueron judicializados. Los procesos se concentraron en operadores visibles, mientras que las alianzas administrativas, políticas y territoriales, claves en el control de tierras y de los puertos permanecieron fuera del alcance penal. En ese escenario, las estructuras pierden hombres, pero no necesariamente poder.
En ese contexto se explica una decisión que, no fue suficientemente divulgada: la salida de al menos 20 policías de la estación de Puerto Colombia y una decena de uniformados en el área metropolitano de Barranquilla, ordenada cuando el general Edwin Urrego asumió depurar la fuerza publica. Para la fuente, esa intervención afectó directamente la red institucional que permitía operar bajo directrices del cartel de despojadores de tierra, estas decisiones habría detonado una retaliación contra los oficiales.
Del archivo judicial al informe de inteligencia
La hipótesis se reordena cuando se revisa el origen del anónimo. El correo que detonó la alerta fue atribuido inicialmente al veedor ciudadano José Fernando Picalúa, cuya dirección electrónica aparecieron como supuesta fuente. Sin embargo, Picalúa denunció ante la Fiscalía haber sido suplantado, aseguró que nunca envió ese mensaje y que, tras rendir versión, el caso fue aclarado y archivado por el ente investigador al no encontrarse sustento probatorio.
Ese dato es clave, porque plantea una primera ruptura lógica: si la Fiscalía archivó la denuncia por inexistencia de pruebas y suplantación del denunciante, ¿por qué el asunto no se cerró institucionalmente? ¿Por qué, en lugar de extinguirse, mutó?
En la lógica que se configura a partir del conjunto de indicios recopilados por este medio, el anónimo no necesitaba ser verdadero, sino funcional. Su valor no estaba en la veracidad penal, sino en su capacidad de activar alertas, desplazar el foco de atención y reencuadrar el conflicto en un nivel distinto y que ganara valor político e informativo. Ya no se trata de una denuncia judicial verificable, sino de un insumo de inteligencia, reinterpretado bajo otro prisma y trasladado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Es en ese tránsito donde la hipótesis se ajusta: el anónimo no necesitaba ser verdadero, necesitaba ser útil.
Al quedar descartada la autoría de Picalúa, la pregunta deja de ser quién firmó el correo y pasa a ser quién se benefició de que circulara. Fuentes advierten que el contenido del mensaje no apuntaba originalmente al general Edwin Urrego, sino que fue reorientado para construir un nuevo relato: la existencia de un supuesto complot desde Barranquilla y Puerto Colombia, no ya contra un funcionario local, sino contra el ministro del Interior y el presidente de la República.
Ese giro no es menor. Cambia completamente la escala del conflicto. Lo que era una disputa territorial y administrativa se convierte en una amenaza a la seguridad presidencial.
Lo que dijo el narcochófer
En ese punto aparece el eslabón narrado por Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”. En su entrevista del 18 de noviembre con Julio Sánchez Cristo, Castañeda reconoce que transmitió al ministro Benedetti información proveniente de una “fuente muy cercana”, relacionada con un supuesto entrampamiento que buscaría sembrarle armas o droga durante un allanamiento en la casa del ministro que esta ubicada en Puerto Colombia, pero dicho allanamiento ya se había realizado unos días antes, a lo que catalogo persecución política. Castañeda insiste en que no era información propia, sino filtrada.
La pregunta lógica es: ¿cómo llega una versión nacida en el Caribe colombiano, ligada a Puerto Colombia y Barranquilla, hasta un intermediario como el narcochofer?
De acuerdo con testimonios recogidos, el objetivo no era esclarecer hechos, sino reencuadrar el conflicto. Al vincular a Barranquilla, al general Urrego y a mandos policiales que venían adelantando correctivos internos, se desplaza la atención: ya no se habla de despojo de tierras, control territorial ni logística costera, sino de lealtades, conspiraciones y seguridad nacional.
En ese contexto, la DNI no reabre la denuncia archivada, sino que la recicla con otro enfoque. No se investiga el despojo ni las redes locales, sino al oficial que, según las fuentes, había tocado intereses sensibles al intervenir en Puerto Colombia, ordenar traslados masivos y desarticular prácticas irregulares dentro de la institución.
Así, el anónimo cumple su función: neutralizar al corrector.
Para analistas consultados, este patrón no es nuevo. En estructuras donde confluyen intereses criminales y políticos, la inteligencia se convierte en un campo de disputa. Un anónimo suplantado puede no prosperar en Fiscalía, pero sí resultar eficaz como herramienta de presión, siempre que logre activar temores mayores y escalar al nivel adecuado.
En la lógica que se configura a partir de los hechos observados es inquietante: alguien necesitaba que el general Urrego saliera del camino. Y para lograrlo, no hacía falta probar delitos, bastaba con instalar una narrativa de riesgo en los canales correctos.
Quién envió el anónimo materialmente sigue sin esclarecerse. Pero, Con base en expedientes y actuaciones conocidas, la autoría técnica es menos relevante que la autoría funcional: quién ganó cuando el foco se corrió, quién dejó de ser investigado y quién terminó fuera de la institución.
Anónimos. Informes sin verificación plena. Señalamientos públicos. La salida del general Urrego y del coronel Moreno. Dos oficiales intachables, Ninguna imputación penal conocida. Un mensaje interno contundente: quien toca la red, sale. Mientras tanto, las estructuras locales permanecen.
Ese es, hoy, el núcleo de la investigación.
