La posible exclusión de al menos 400 presos políticos de la ley de amnistía reabre el debate sobre los límites reales del mecanismo y su capacidad para responder a una crisis de derechos humanos de larga data en Venezuela. Más allá de la cifra, el problema de fondo radica en cómo fueron construidos los expedientes judiciales y en los criterios restrictivos que hoy definirían quiénes pueden —o no— acceder al beneficio.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, una parte importante de los detenidos está vinculada a operaciones militares, supuestos planes conspirativos o delitos contra la seguridad del Estado, categorías que históricamente han sido utilizadas para judicializar la disidencia y que ahora se convierten en un obstáculo para su eventual liberación.
Delitos comunes, pero contextos políticos
Uno de los puntos más críticos señalados por organizaciones de derechos humanos es que muchos presos políticos no fueron acusados formalmente por delitos políticos, sino por figuras penales comunes —como asociación para delinquir, terrorismo o traición— que desnaturalizan el contexto real de sus detenciones. Este encuadre jurídico, aunque cuestionado, tiene hoy un efecto directo: los deja fuera del alcance de la amnistía.
Desde esta perspectiva, la ley no solo se enfrenta a un problema de voluntad política, sino a un andamiaje judicial previo que fue diseñado, precisamente, para impedir salidas legales futuras. En la práctica, esto consolida un limbo jurídico para cientos de personas que, aun siendo reconocidas como presos políticos por instancias independientes, no encajan en los supuestos formales de la norma.
Impacto en el proceso político y la negociación
El posible escenario de exclusión masiva también tiene consecuencias en el plano político. Para sectores de la oposición y para la comunidad internacional, una amnistía parcial podría interpretarse como un gesto insuficiente dentro de los compromisos de distensión y negociación. En lugar de cerrar heridas, advierten analistas, la medida podría profundizar la desconfianza y reforzar la percepción de que se trata de una herramienta selectiva, no estructural.
Además, el hecho de que algunos detenidos hayan sido arrestados en momentos no contemplados por la ley, o bajo circunstancias que luego fueron reconfiguradas penalmente, plantea interrogantes sobre la retroactividad, la selectividad y la equidad del proceso.
Dimensión humanitaria: el costo invisible
Desde un enfoque humanitario, la exclusión de estos presos prolonga situaciones de detención arbitraria, separación familiar y deterioro físico y psicológico. Organizaciones civiles advierten que mantenerlos fuera de la amnistía no elimina el problema, sino que lo posterga, trasladando la presión a instancias internacionales y a futuros escenarios de negociación.
En este contexto, la discusión ya no gira únicamente en torno a cuántos presos serán liberados, sino a qué modelo de justicia transicional se está construyendo y si este será capaz de reconocer las particularidades de un conflicto político que fue judicializado de manera sistemática.
