Tras un consejo de seguridad realizado en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM 3), en Malambo (Atlántico), el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció una serie de medidas para contener la ola de violencia que afecta a Barranquilla y a los municipios de su área metropolitana.
El encuentro, que contó con la participación de autoridades civiles, la cúpula de la Fuerza Pública y organismos de seguridad e inteligencia, se centró en el avance de estructuras criminales dedicadas a delitos de alto impacto, así como en las acciones preventivas de cara al próximo proceso electoral.
Persecución a cabecillas criminales
Durante el consejo de seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fue enfático en que el Gobierno nacional intensificará la ofensiva contra los máximos cabecillas de las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, a las que señaló como responsables de buena parte de la extorsión, los homicidios selectivos y el tráfico de drogas que afectan a varios municipios del Atlántico.
El ministro explicó que la estrategia estará centrada en operaciones focalizadas y sostenidas, basadas en información de inteligencia y contrainteligencia, con el objetivo de golpear directamente el mando, las finanzas y las redes de apoyo de estas organizaciones. Según indicó, no se trata únicamente de capturas aisladas, sino de desmantelar las estructuras completas, incluyendo quienes ordenan los delitos, quienes los ejecutan y quienes se benefician económicamente de estas actividades ilegales.
Sánchez señaló que la Fuerza Pública concentrará esfuerzos en identificar y neutralizar a los determinadores, así como en rastrear los flujos de dinero producto de la extorsión y el narcotráfico, en coordinación con autoridades judiciales y entidades del Estado. Afirmó que atacar las finanzas criminales es clave para reducir la capacidad de estas bandas de reclutar jóvenes, adquirir armas y expandir su control territorial.
Finalmente, el ministro sostuvo que esta persecución será contundente y permanente, y que el mensaje es claro: no habrá zonas vedadas ni tolerancia frente a las estructuras criminales que pretenden sembrar miedo y controlar comunidades en Barranquilla y el resto del departamento del Atlántico.
Refuerzo del pie de fuerza
El Ministerio de Defensa Nacional confirmó que el refuerzo del pie de fuerza se realizará mediante la ampliación temporal del servicio militar obligatorio, una medida orientada a incrementar de manera inmediata la disponibilidad de personal para tareas de seguridad y control territorial. Esta estrategia permitirá aumentar la presencia de uniformados en puntos críticos, con énfasis en sectores donde se concentran denuncias por extorsión, homicidios y economías ilegales.
El plan contempla el despliegue coordinado de capacidades militares y policiales en Barranquilla y su área metropolitana, integrando patrullajes mixtos, puestos de control, operaciones de registro y verificación, así como apoyo de unidades especializadas en investigación e inteligencia. De acuerdo con las autoridades, la redistribución del personal buscará mejorar los tiempos de respuesta, reforzar la vigilancia en corredores estratégicos y proteger infraestructura crítica y zonas residenciales con mayor incidencia delictiva.
Adicionalmente, el refuerzo incluirá apoyo logístico y tecnológico, como movilidad adicional, comunicaciones y monitoreo, para potenciar la capacidad operativa en terreno. El Ministerio señaló que estas acciones serán evaluadas periódicamente para ajustar el despliegue según la evolución de los indicadores de seguridad y las necesidades de cada municipio, manteniendo un enfoque preventivo y de control sostenido.
Durante el balance oficial, el Gobierno anunció recompensas para quienes suministren información que permita la captura de cabecillas y la desarticulación de redes criminales. Asimismo, se fortalecerán los controles territoriales y los patrullajes conjuntos para recuperar la confianza ciudadana y reducir los delitos de alto impacto.
Seguridad electoral y trabajo comunitario
Sobre este punto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, explicó que el Gobierno nacional activará un plan especial de seguridad electoral con el propósito de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones, amenazas ni interferencias de estructuras criminales. Según indicó, la prioridad es proteger la democracia y evitar que bandas delincuenciales incidan en los procesos políticos locales mediante intimidación, compra de votos o control territorial.
El jefe de la cartera de Defensa señaló que la Fuerza Pública tendrá una presencia reforzada antes, durante y después de las elecciones, especialmente en municipios y barrios identificados como de mayor riesgo. Este plan incluye vigilancia permanente, control de armas, seguimiento a alertas tempranas y coordinación con las autoridades electorales para responder de manera inmediata ante cualquier intento de alteración del orden público.
En relación con el componente social, el ministro fue enfático en que la estrategia no se limitará a acciones armadas. Aseguró que la seguridad solo es sostenible si existe un trabajo articulado con los líderes comunales, juntas de acción comunal y organizaciones sociales, a quienes calificó como aliados clave para recuperar la confianza ciudadana. De acuerdo con Sánchez, estas instancias permiten anticipar riesgos, fortalecer la denuncia oportuna y construir prevención desde los territorios, ya que son las primeras en identificar dinámicas de intimidación o presencia criminal.
Finalmente, el ministro sostuvo que el enfoque será integral y preventivo, combinando control institucional con participación comunitaria, con el objetivo de que las elecciones en el Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla se desarrollen con plenas garantías de seguridad, transparencia y libertad para los votantes.
Balance y próximos pasos
A este enfoque preventivo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, agregó que la lucha contra las amenazas criminales no puede limitarse únicamente a la acción coercitiva del Estado, sino que debe incluir estrategias sociales y económicas que reduzcan los factores de riesgo.
El ministro destacó como ejemplo las iniciativas adelantadas en articulación con la Alcaldía de Barranquilla, orientadas a facilitar el acceso a créditos para personas de bajos recursos, con el fin de que puedan emprender o sostener sus actividades económicas sin exponerse a estructuras ilegales, ni poner en riesgo su vida o su libertad. Según explicó, este tipo de programas buscan cerrar el paso a prácticas como el “gota a gota” y otras formas de financiación criminal que terminan atrapando a las familias en redes de extorsión.
En ese contexto, Sánchez señaló que la primera y más eficiente estrategia para enfrentar las amenazas es la prevención del delito, y subrayó que esto implica mantener a los jóvenes ocupados y vinculados a oportunidades reales. Afirmó que evitar que ingresen al mundo del crimen organizado o al consumo de drogas es una prioridad, y que para ello se requiere una oferta sostenida de educación, empleo, emprendimiento y acompañamiento social.
Finalmente, indicó que estas acciones locales se complementan con programas y oportunidades a nivel nacional dirigidas a la juventud, como parte de una política integral de seguridad que combine control institucional, inversión social y prevención temprana, especialmente en los territorios más vulnerables a la influencia de estructuras criminales.
Voceros del Gobierno nacional señalaron que el consejo de seguridad permitió definir acciones inmediatas y una hoja de ruta interinstitucional para el Atlántico. Las autoridades anunciaron que se realizará seguimiento permanente a los compromisos adquiridos y que nuevas reuniones evaluarán los resultados de las medidas adoptadas.
Con este despliegue, el Ministerio de Defensa busca contener la escalada de violencia en el área metropolitana de Barranquilla y avanzar en el desmantelamiento de las principales estructuras criminales que operan en la región.
