Más que la caída de un presidente, lo ocurrido este martes en Perú confirma una tendencia que ya parece estructural: el poder político se ha vuelto transitorio, frágil y profundamente condicionado por un Congreso que actúa como árbitro permanente del Ejecutivo. La destitución de José Jerí, apenas cuatro meses después de asumir el cargo, no solo marca el fin de un mandato breve, sino que reafirma la sensación de que gobernar en el país se ha convertido en un ejercicio provisional.
Jerí llegó a la Presidencia tras la salida de Dina Boluarte, también destituida por el Legislativo. Su gestión nació condicionada por la crisis de seguridad, la desconfianza institucional y un calendario electoral que convirtió cada decisión en cálculo político. En ese escenario, el escándalo conocido como Chifagate terminó por acelerar un desenlace que muchos consideraban inevitable.
El escándalo como catalizador, no como origen
Las reuniones clandestinas con empresarios chinos entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong fueron el detonante visible. Videos, fotografías y versiones contradictorias erosionaron rápidamente la credibilidad del mandatario. Sin embargo, el problema de fondo fue otro: la incapacidad del sistema político para procesar las crisis sin recurrir a la destitución como mecanismo recurrente.
El Congreso no actuó únicamente como fiscalizador, sino como actor electoral. A pocas semanas de los comicios generales, varias bancadas midieron el impacto de sostener o dejar caer al presidente. La censura prosperó no tanto por una conclusión judicial, sino por una suma de conveniencias políticas.
Un Congreso fuerte, un Ejecutivo débil
La sesión plenaria dejó al descubierto un patrón conocido: gritos, acusaciones cruzadas y maniobras procedimentales. El intento de cambiar la censura por una vacancia —que habría requerido una mayoría más amplia fracasó, y Jerí fue apartado del cargo con los votos justos. Su salida se produjo en medio de un desplome acelerado de su popularidad, que pasó de un respaldo inicial del 58% a un rechazo mayoritario, con un 68% de peruanos que lo considera sospechoso de corrupción, según Datum Internacional.
Las palabras del congresista Hamlet Echeverría sintetizaron el clima político: más que debatir errores administrativos, el Parlamento discutió la legitimidad moral del ejercicio del poder. Una vez más, el Legislativo se erigió como juez político supremo.
Gobernar sin horizonte
Con la destitución de Jerí, Perú se prepara para nombrar a un nuevo presidente interino —el octavo en una década que no completará su mandato que gobernará hasta el 28 de julio, cuando asuma el ganador de las elecciones de abril. El relevo automático desde la presidencia del Congreso refuerza la percepción de que el país vive en un ciclo continuo de transiciones, sin tiempo ni estabilidad para impulsar reformas estructurales.
Más allá de nombres y escándalos, la pregunta de fondo persiste: ¿cómo gobernar un país donde el jefe de Estado no sabe cuánto durará en el cargo? Mientras esa incertidumbre no se resuelva, Perú seguirá atrapado en una espiral de provisionalidad, donde cada presidente es apenas un capítulo más de una crisis que parece no tener fin.
