Montería, Córdoba | 10 de febrero de 2026
En medio de la emergencia climática que golpea a varias regiones del país, el Gobierno nacional reiteró que los recursos públicos destinados a la atención de damnificados deben ser utilizados exclusivamente para salvar vidas y mitigar los impactos de la crisis ambiental.
Así lo señaló el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, quien acompaña al presidente Gustavo Petro durante su visita al departamento de Córdoba, una de las zonas más afectadas por inundaciones y afectaciones ambientales.
“La prioridad es salvar vidas”
El funcionario pidió explicaciones por el manejo de más de 33 mil millones de pesos destinados a planes de prevención y mitigación del riesgo en la región.
“Nuestra solidaridad está con las comunidades afectadas. El Gobierno ha venido implementando medidas urgentes para salvar vidas, pero también tenemos el deber de preguntar qué pasó con los recursos públicos que debían prevenir esta situación. No vamos a permitir que estos dineros sean malversados o utilizados con fines politiqueros”, afirmó Idárraga.
Atención humanitaria en marcha
Desde las primeras semanas de la emergencia, el Gobierno Nacional activó jornadas de atención humanitaria en articulación con entidades del orden nacional y territorial, con el objetivo de atender de manera inmediata a las comunidades afectadas por inundaciones y otros fenómenos climáticos.
Según el Ejecutivo, varias de estas emergencias se repiten en los mismos territorios desde hace años, sin que se hayan implementado soluciones estructurales, algunas de ellas pendientes desde 2016.
Solicitud de aclaraciones por recursos públicos
De manera paralela a la atención de la crisis, el Ministerio de Justicia solicitó aclaraciones sobre el uso de recursos públicos destinados a planes de mitigación del riesgo y restauración ecológica.
En particular, el ministro encargado llamó la atención sobre el manejo de más de $33.000 millones de pesos administrados por organizaciones no gubernamentales y por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge.
El Gobierno indicó que estas actuaciones buscan responder a una pregunta clave para las comunidades afectadas: ¿qué pasó con los recursos que debían evitar que esta emergencia se agravara?
Para ello, se acordó avanzar en mecanismos de transparencia y control, así como mantener activas las mesas de seguimiento interinstitucional, sin frenar la atención humanitaria en los territorios.
Prioridad: las comunidades afectadas
El Ministerio de Justicia reiteró que la prioridad inmediata sigue siendo la entrega de ayudas humanitarias y la protección de la vida de las personas damnificadas, al tiempo que avanzan las acciones para garantizar que los recursos públicos cumplan su propósito y que tragedias similares no se repitan.
