El Gobierno nacional confirmó que el espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) atraviesa una etapa avanzada, en el marco de la política de paz impulsada por el Estado. La información fue divulgada mediante un comunicado oficial de la Consejería Comisionada de Paz, entidad encargada de coordinar este tipo de acercamientos.
De acuerdo con el Gobierno, el proceso tiene como objetivo central explorar salidas dialogadas a la violencia y propiciar la desmovilización progresiva de los integrantes de esta estructura armada, así como su tránsito a la vida civil. El Ejecutivo subrayó que se trata de un esfuerzo que se desarrolla bajo parámetros institucionales y con acompañamiento internacional.
Uno de los elementos destacados del proceso es la participación de países garantes y facilitadores. En este caso, el diálogo cuenta con la mediación del Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. A ello se suma el respaldo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, actores que han tenido presencia en distintos procesos de paz en el país.
Según el comunicado, desde los primeros acuerdos se definió que el énfasis del espacio de conversación estaría en la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil. En esa línea, el 5 de diciembre de 2025 se suscribió en Doha, Qatar, un compromiso para la ubicación gradual de los miembros del EGC en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), un mecanismo concebido como paso verificable hacia la desmovilización.
El Gobierno precisó que este compromiso se enmarca en lo dispuesto por la Ley 2272 de 2022, norma que establece los lineamientos para los procesos de paz, sometimiento y conversaciones con estructuras armadas ilegales en Colombia.
En desarrollo de lo acordado, se informó que desde el 24 de diciembre de 2025 los principales voceros del EGC iniciaron labores internas de coordinación para facilitar la ubicación gradual de los demás integrantes del grupo en las ZUT. Paralelamente, y como parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, se encuentra suspendida la ejecución de órdenes de captura contra estos líderes, conforme a la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República.
La Consejería Comisionada de Paz también señaló que el proceso se adelanta bajo un esquema de coordinación interinstitucional. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa Nacional han sido informados de los avances y decisiones adoptadas, con el fin de garantizar coherencia entre la política de paz y las obligaciones del Estado en materia de seguridad y justicia.
El Gobierno reiteró que este espacio de conversación no implica resultados automáticos ni inmediatos, pero lo calificó como un momento clave dentro de los esfuerzos por reducir la violencia armada y avanzar hacia escenarios de desmovilización verificable. El desarrollo del proceso y el cumplimiento de los compromisos adquiridos serán determinantes para su continuidad y eventual consolidación.
