El Gobierno nacional y los organismos de control cerraron filas este martes para blindar los comicios de 2026, durante una rueda de prensa posterior a un encuentro interinstitucional encabezado por el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría. El mensaje fue unificado: seguridad, transparencia y articulación institucional como pilares del proceso electoral.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que el Plan Democracia ya se encuentra en ejecución y que la Fuerza Pública ha acompañado 2.319 actividades de campaña. Anunció el despliegue de 32.600 uniformados para custodiar 13.494 puestos de votación, así como medidas operativas extraordinarias —refuerzo del pie de fuerza, suspensión de vacaciones y aplazamiento de entrenamientos— para garantizar el orden público. Alertó sobre riesgos de violencia, constreñimiento al elector y desinformación, atribuidos a estructuras armadas ilegales.
Desde el control preventivo, el procurador general Gregorio Eljach Pacheco enfatizó el concepto de “Paz Electoral” y la necesidad de una coordinación permanente entre Estado y autoridades locales para proteger el derecho al voto, especialmente en territorios con mayores amenazas. Subrayó que la vigilancia disciplinaria será activa antes, durante y después de la jornada.
Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos Giraldo confirmó que el calendario electoral se mantiene sin cambios y detalló avances logísticos clave: definición de jurados de votación, fortalecimiento de la cadena de custodia de los formularios y operación de una Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales con la Fiscalía. Recalcó que los resultados oficiales se basarán exclusivamente en actas físicas, como garantía de transparencia.
La Contraloría, encabezada por Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció acompañamiento fiscal para vigilar el uso de recursos públicos en la logística electoral, con énfasis en trazabilidad y rendición de cuentas.
Las autoridades cerraron con un llamado a la ciudadanía a denunciar delitos electorales —línea 157—, informarse por canales oficiales y respetar los resultados. El consenso institucional fue claro: la integridad de las elecciones de 2026 es una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad.
