En 2023 y 2024, los indicadores del mercado laboral para la población víctima en Colombia muestran tendencias que, si bien reflejan una participación activa de este grupo en la fuerza laboral, también evidencian desafíos persistentes en términos de empleo y desempleo. Los datos provienen del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y el Registro Único de Víctimas (RUV).
Participación y ocupación: cifras clave
Según la actualización más reciente (con corte al 27 de enero de 2026):
Tasa global de participación (2024): 62,0%
Tasa de ocupación (2024): 54,8%
Tasa de desocupación (2024): 11,7%
Para comparar, en 2023, estas cifras fueron ligeramente mejores:
Participación del 62,7%,
Ocupación del 55,5%,
Desempleo del 11,4%.
Esto significa que más de la mitad de la población víctima en edad de trabajar está activa en el mercado laboral, pero también que casi 12 de cada 100 personas víctimas que buscan trabajo no lo encuentran, un indicador que supera la media nacional. Para dar contexto, las cifras generales de desempleo en Colombia para el último periodo reportado mostraban tasas muy por debajo de este nivel, rondando el 7–8% en 2025 para la población total, lo que sugiere que las víctimas enfrentan barreras adicionales para acceder al empleo formal.
Brechas según población víctima específica
El boletín técnico del DANE revela que existen diferencias significativas cuando se desagrega la población víctima por características sociodemográficas:
Víctimas de desplazamiento forzado: su participación y ocupación se mantienen similares a la general de víctimas, pero con un desempleo ligeramente más alto.
Población víctima indígena: registra una participación y ocupación más bajas que el conjunto, lo que evidencia mayores barreras estructurales para este grupo.
Víctimas afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras: muestran tasas de participación relativamente altas, pero una desocupación significativamente mayor, lo que apunta a brechas profundas en el acceso a oportunidades laborales estables.
Estas diferencias no son solo estadísticas: reflejan desigualdades históricas y persistentes que condicionan el acceso al empleo formal, los niveles de ingresos y la calidad de vida de estos grupos.
Factores estructurales y contexto social
Más allá de los números, la población víctima en Colombia enfrenta múltiples barreras para integrarse plenamente al mercado laboral. La violencia armada, el desplazamiento forzado y la desarticulación de redes sociales y económicas suelen traducirse en menor acceso a educación formal, a redes de contacto laboral y a oportunidades de empleo decente.
Estudios y herramientas como el Visor de Víctimas en el Mercado Laboral buscan precisamente mostrar las características sociodemográficas y económicas de estas poblaciones, incluyendo niveles educativos, experiencias laborales y emprendimientos datos que sirven para orientar políticas públicas.
Datos para la paz
Además, las circunstancias laborales a nivel nacional siguen marcadas por la presencia significativa de informalidad, una condición que afecta con mayor fuerza a grupos vulnerables y que limita acceso a seguridad social, estabilidad y protección laboral.
Los indicadores del DANE no solo brindan una radiografía estadística del mercado laboral de la población víctima, sino que ponen en evidencia la urgente necesidad de políticas públicas integrales que promuevan:
Acceso a empleo formal con protección social
Programas de formación y capacitación laboral.
Estrategias diferenciadas para grupos étnicos y víctimas de desplazamiento.
Las cifras muestran participación y esfuerzos por integrarse al mercado laboral, pero también brechas que persisten y requieren atención sostenida por parte del Estado y la sociedad colombiana.
