Por años, denunciar el microtráfico, la instrumentalización de menores y la criminalidad en los barrios de Bucaramanga se ha convertido en una sentencia de muerte para quienes ejercen liderazgo social. El caso de Julio César Ortega Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Balconcitos, en la comuna 17, es hoy una alerta pública.
Julio César Ortega Herrera no es un político ni un funcionario armado. Es un líder comunal. Preside la Junta de Acción Comunal del barrio Balconcitos y coordina el Frente de Seguridad del sector. Desde ese rol, asumió una tarea que en muchos territorios se ha vuelto peligrosa: denunciar el tráfico de estupefacientes, la utilización de menores de edad para el microtráfico y la explotación sexual de niñas en entornos barriales.
Desde entonces, su vida y la de su familia cambiaron.
Los hechos que rodean su caso no son rumores. Tienen fechas, lugares y reportes ante las autoridades.
El 3 de enero de 2024, Ortega se encontraba en compañía de su esquema de protección cuando un sujeto merodeaba el sector con actitud sospechosa. Tras dar aviso a las autoridades, la Policía halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros.
Días después, el 19 de enero, ocurrió uno de los episodios más graves: en un espacio comunitario que había sido recuperado para convertirlo en parque antes escenario de consumo, venta de drogas y violencias contra mujeres, un hombre se acercó y entregó un artefacto que luego fue identificado como una granada. El explosivo fue puesto en manos de las autoridades.
Pese a ello, el liderazgo no se detuvo. Tampoco las amenazas.
El 5 de noviembre de 2024, Julio César recibió un mensaje de texto directo y explícito:
“Usted es el sapo, ya está todo arreglado, el jefe salió y estamos esperando la orden para ejecutar lo que él mande”.
El 15 de diciembre, una llamada telefónica reiteró el mismo mensaje: insultos, señalamientos y advertencias para que “se cuidara”.
El 25 de enero, vecinos alertaron sobre siete sujetos merodeando su residencia, tres de ellos armados, simulando estar en estado de embriaguez. A través de altavoces comunitarios se activó la alerta y los hombres huyeron antes de que llegara el cuadrante policial.
Persecución con su familia y vigilancia armada
En Semana Santa de 2025, cuando se movilizaba con su familia tras una cita médica, dos hombres en una motocicleta XTZ 150, blanca y negra, enchompados, intentaron interceptarlos. El parrillero portaba un arma de fuego. Solo una maniobra defensiva permitió evitar una agresión directa.
Meses después, las cámaras de seguridad del barrio captaron personas denunciadas previamente, algunas retenidas por la Policía, lo que confirmó que el riesgo persistía.
El 5 de agosto, mientras se encontraba en una reunión en la Alcaldía de Bucaramanga, su hombre de protección lo obligó a retirarse de inmediato: había evidencia de sujetos recibiendo dinero y un arma de fuego, presuntamente para dirigirse hacia donde se encontraba el líder comunal.
“Ahora nosotros damos la seguridad”
En septiembre, las amenazas escalaron. Una llamada telefónica fue particularmente reveladora:
Le ordenaron “orillarse”, “callarse” y aceptar que ellos serían quienes darían la seguridad y tomarían decisiones en las comunidades.
En la conversación, los interlocutores afirmaron hacerse “respaldar por miembros del Clan del Golfo”.
Días después, las llamadas se extendieron a su hermana. El mensaje fue el mismo: debía asistir a una reunión impuesta por quienes lo amenazan.
Todas estas situaciones han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la SIJIN de Bucaramanga y otras autoridades. Incluso, una fiscal a través de un tercero alertó que tres sujetos estarían marcando al líder comunal o a su esquema de protección.
Su nombre aparece en la Alerta Temprana 024 de la Defensoría del Pueblo, y tanto la Alcaldía de Bucaramanga, la Gobernación de Santander como secretarías del Interior han solicitado formalmente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisar su caso.
Sin embargo, Ortega denuncia que hoy se encuentra en proceso de reevaluación de riesgo, mientras continúa viviendo prácticamente recluido, vigilando cada salida, temiendo no solo por su vida, sino por la de su familia y su hombre de protección.
Liderar bajo miedo
A este panorama se suma otra denuncia sensible: minería ilegal en la quebrada de Loritos, cerca del puente de la Novena, que estaría afectando a varias comunas y que también ha sido puesta en conocimiento de las autoridades.
“Estoy preso en mi propio servicio”, resume Ortega. Ejercer liderazgo comunal en Bucaramanga afirma se ha vuelto una actividad de alto riesgo.
Este no es solo el relato de un líder amenazado. Es una alerta institucional y social. El caso de Julio César Ortega Herrera plantea preguntas de fondo:
¿Quién protege a quienes denuncian el crimen en los barrios?
¿Cuántos líderes comunales viven bajo amenaza silenciosa?
¿Cuántas advertencias más se necesitan antes de que ocurra una tragedia?
La solicitud es clara: una revisión urgente y seria del esquema de seguridad, un análisis real del riesgo y garantías para que el liderazgo social no se ejerza bajo la sombra de la muerte.
Porque cuando un líder comunal es silenciado, no pierde solo él: pierde toda la comunidad.
