Un grupo de ciudadanos venezolanos repatriados desde El Salvador ha alzado su voz para exigir garantías jurídicas, migratorias y de seguridad que les permitan presentarse ante audiencias judiciales en Estados Unidos, donde enfrentan procesos vinculados a su situación migratoria y a decisiones administrativas adoptadas durante su traslado y retorno forzado. La denuncia, conocida públicamente el 26 de diciembre de 2025, vuelve a poner en el centro del debate internacional las condiciones en las que se ejecutan las deportaciones, las repatriaciones y el acceso efectivo a la justicia para migrantes en situación de vulnerabilidad.
Los afectados aseguran que, tras haber sido enviados de regreso a Venezuela, quedaron en una especie de limbo jurídico, sin claridad sobre cómo comparecer ante tribunales estadounidenses, sin protección frente a posibles represalias y con serias limitaciones económicas y logísticas para cumplir con los requerimientos judiciales.
Un proceso migratorio marcado por irregularidades
Según los testimonios recopilados por organizaciones de apoyo a migrantes, varios de los repatriados fueron trasladados inicialmente a centros de detención o tránsito en El Salvador, como parte de acuerdos regionales para la gestión de flujos migratorios irregulares. Posteriormente, fueron enviados a Venezuela sin que, en algunos casos, se les notificara de manera clara el estado de sus procesos legales en Estados Unidos.
Los denunciantes sostienen que esta cadena de decisiones administrativas vulneró su derecho al debido proceso, ya que muchos mantenían citas judiciales pendientes, solicitudes de asilo en curso o apelaciones activas ante autoridades estadounidenses. Al ser repatriados, quedaron sin asesoría legal adecuada y sin mecanismos claros para garantizar su comparecencia ante los jueces.
El temor a represalias y la falta de protección
Uno de los aspectos más sensibles del reclamo tiene que ver con la seguridad personal. Algunos de los venezolanos aseguran que regresar a su país los expone a riesgos, especialmente si fueron identificados como opositores políticos, desertores institucionales o personas que denunciaron abusos durante su tránsito migratorio.
“Nos piden que vayamos a una audiencia en Estados Unidos, pero no nos dicen cómo salir del país, quién nos protege ni qué pasa si no podemos asistir”, afirmó uno de los repatriados, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad. Este temor se ve agravado por la falta de garantías consulares y de acompañamiento internacional.
Desde el punto de vista jurídico, la situación es crítica. Abogados especializados en derecho migratorio advierten que no comparecer a una audiencia en EE. UU. puede tener consecuencias graves, como órdenes de deportación definitivas, pérdida de beneficios migratorios o cierres automáticos de casos.
Sin embargo, también señalan que exigir la presencia física de personas repatriadas sin ofrecer mecanismos seguros y viables podría constituir una vulneración a los estándares internacionales de acceso a la justicia. Entre las alternativas que plantean están:
- Audiencias virtuales con garantías técnicas
- Salvoconductos humanitarios temporales
- Coordinación consular efectiva
- Suspensión de plazos mientras se resuelve la situación de seguridad
Hasta ahora, los repatriados aseguran que no han recibido respuestas claras por parte de las autoridades estadounidenses.
Un reflejo de la crisis migratoria regional
El caso no es aislado. Forma parte de una crisis migratoria regional más amplia, en la que miles de venezolanos han atravesado rutas peligrosas, centros de detención y procesos administrativos complejos en varios países. La combinación de acuerdos migratorios, deportaciones aceleradas y sistemas judiciales saturados ha generado situaciones en las que los derechos fundamentales quedan en segundo plano.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que la externalización del control migratorio, mediante traslados a terceros países, suele diluir responsabilidades y dificultar la rendición de cuentas. En este contexto, los venezolanos repatriados se convierten en víctimas invisibles de un sistema fragmentado, donde cada Estado traslada la carga al siguiente.
Los afectados han solicitado formalmente:
- Garantías de seguridad para comparecer ante tribunales
- Claridad sobre el estado de sus procesos judiciales
- Acceso a representación legal efectiva
- Acompañamiento de organismos internacionales
También han hecho un llamado a la ONU, la OEA y organizaciones humanitarias para que observen su situación y presionen por soluciones que respeten los derechos humanos y el debido proceso.
Un debate abierto
El caso plantea una pregunta de fondo: ¿puede un sistema judicial exigir responsabilidades a personas a las que previamente dejó sin medios para defenderse? Mientras no haya una respuesta clara, decenas de venezolanos permanecen atrapados entre fronteras, normas y decisiones políticas que los superan.
Lo que para los Estados es un procedimiento administrativo, para ellos es una lucha por no quedar fuera de la ley, por no perder su derecho a ser escuchados y por no pagar, con su futuro, los costos de una crisis migratoria aún sin resolver.
