El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno había declarado el estado de emergencia económica y social.
A través de declaraciones difundidas por la Presidencia de la República, el mandatario cuestionó el alcance del fallo y advirtió que la suspensión del decreto tendrá efectos directos sobre la situación fiscal del país. “Ahora vendrán las consecuencias”, afirmó Petro, al señalar que la decisión del alto tribunal limita la capacidad del Ejecutivo para responder a las necesidades presupuestales previstas para 2026 .
Según el jefe de Estado, el decreto de emergencia buscaba garantizar recursos para cumplir compromisos sociales y obligaciones del Estado, luego de que iniciativas clave del Gobierno no prosperaran en el Congreso. En ese contexto, sostuvo que la suspensión del decreto traslada los efectos de la crisis fiscal a la sociedad y reduce el margen de maniobra del Gobierno en materia económica.
El presidente también defendió la constitucionalidad de la medida adoptada por su administración y reiteró que la emergencia económica se sustentaba en un escenario de déficit presupuestal y dificultades para financiar programas sociales. Desde su perspectiva, la decisión de la Corte impide aplicar herramientas excepcionales previstas en la Constitución para enfrentar coyunturas económicas complejas .
La reacción presidencial se conoció pocas horas después de que la Corte informara que la suspensión tendrá vigencia mientras se adopta una decisión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. El fallo cautelar no resuelve aún si la declaratoria de emergencia se ajusta o no a la Carta Política, pero sí congela temporalmente sus efectos.
El pronunciamiento de Petro ha reavivado el debate sobre los límites entre el Ejecutivo y el control constitucional, así como sobre el uso de los estados de excepción para atender asuntos fiscales. Mientras el Gobierno insiste en la urgencia de contar con instrumentos extraordinarios, el alto tribunal mantiene su revisión jurídica del decreto, cuyo desenlace definirá el alcance final de esta controversia institucional.
