Un verdadero “cheque en blanco” le firmó la representante legal del consejo comunitario de Hato Viejo al gobierno Nacional y a la empresa Sacyr. Muy a pesar de que la tutelante desistió de la acción de tutela que buscaba proteger el derecho fundamental a la consulta previa y otros derechos, la reclamación a la APP Canal del Dique se mantiene incólume. Esto indica que el alto gobierno llegó el pasado 4 de octubre a Cartagena simplemente a firmar “acuerdos de voluntades” con el objetivo de destrabar el proceso de tutela. Este hecho jurídico tenía aguantada la adjudicación del megaproyecto a la firma española Sacyr.