El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), dentro del proceso penal que se adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión se adoptó tras una audiencia en la que la Sala Penal consideró que se cumplen los requisitos legales para imponer detención preventiva intramural, al estimar que otras medidas, como la prisión domiciliaria, resultan insuficientes frente a la gravedad de los hechos investigados.
Delitos imputados
La Fiscalía General de la Nación imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública relacionadas con la UNGRD.
De acuerdo con la imputación, el ente acusador sostiene que los exfuncionarios habrían actuado de manera coordinada con otros servidores públicos y particulares en la conformación de una estructura que tenía como finalidad incidir de forma indebida en la adjudicación y ejecución de contratos estatales financiados con recursos públicos.
Según la Fiscalía, dicho esquema habría permitido direccionar proyectos y contratos desde la UNGRD y otras entidades del Estado hacia determinados beneficiarios a cambio de apoyos políticos en el Congreso de la República, particularmente en discusiones y votaciones relacionadas con iniciativas promovidas por el Gobierno nacional.
- Concierto para delinquir: La Fiscalía plantea que los hechos no corresponderían a actuaciones aisladas, sino a un acuerdo sostenido en el tiempo para cometer conductas contrarias a la administración pública.
- Cohecho por dar u ofrecer: Se investiga si se habrían prometido o entregado beneficios contractuales como contraprestación por respaldos políticos.
- Interés indebido en la celebración de contratos: Se sustenta en la presunta intervención de los exministros en procesos contractuales en los que habrían tenido un interés ajeno al servicio público.
La Fiscalía ha señalado que los elementos materiales probatorios recaudados incluyen testimonios, documentos contractuales y registros de comunicaciones, los cuales serán valorados en las siguientes etapas del proceso penal.
Fundamentos de la decisión
El Tribunal sostuvo que existen elementos materiales probatorios que permiten inferir la posible participación de los exministros en los hechos investigados y advirtió riesgos para el proceso si permanecían en libertad. La magistratura también señaló que la medida adoptada no constituye una condena, sino una decisión preventiva mientras avanza la investigación penal.
Durante la audiencia, la defensa solicitó la detención domiciliaria, petición que fue negada al considerar que los delitos imputados y el contexto del caso no habilitan beneficios sustitutivos de la prisión.
Contexto del caso UNGRD
El proceso penal se inscribe en una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión de la UNGRD, entidad encargada de coordinar y ejecutar recursos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales en el país.
El caso tomó relevancia pública tras conocerse denuncias sobre un posible esquema de direccionamiento de contratos y asignación selectiva de proyectos que habrían sido utilizados con fines distintos a los misionales de la entidad. Según los investigadores, algunos contratos se habrían adjudicado sin cumplir los principios de planeación, transparencia y selección objetiva.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se habrían presentado principalmente entre los años 2023 y 2024, periodo en el cual se habría estructurado un entramado para comprometer recursos de la UNGRD en proyectos ofrecidos como contraprestación a apoyos políticos. El uso irregular de estos contratos involucraría cuantiosas sumas de dinero destinadas a infraestructura y mitigación del riesgo, afectando potencialmente a comunidades vulnerables.
Posturas de las partes
Los exministros no aceptaron los cargos y han reiterado su inocencia. Sus defensas anunciaron que interpondrán los recursos legales correspondientes contra la medida de aseguramiento.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro afirmó que la responsabilidad penal de los exfuncionarios debe ser determinada exclusivamente por la justicia y no por pronunciamientos políticos.
La decisión puede ser objeto de recursos de reposición y apelación. Mientras estos se resuelven, Bonilla y Velasco permanecerán recluidos en un centro carcelario a la espera de que el proceso avance hacia la eventual presentación del escrito de acusación.
Pronunciamiento del presidente Gustavo Petro
Tras conocerse la decisión judicial el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente a través de su cuenta en la red social X en relación con la situación del exministro Ricardo Bonilla Afirmó que Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión y señaló que lo conoce desde hace años y que en su conciencia lo considera inocente aunque aclaró que no interfiere en la justicia y que será esta la que determine su responsabilidad
En su mensaje el jefe de Estado sostuvo que durante la gestión de Bonilla en el Ministerio de Hacienda este se apoyó en sectores políticos tradicionales lo que calificó como un acto de ingenuidad También afirmó que el exministro habría sido víctima de presiones y que su situación actual lo convertiría en un chivo expiatorio dentro del proceso judicial
El presidente agregó que durante su gobierno se tomaron decisiones para frenar prácticas de tráfico de influencias relacionadas con la contratación pública y recordó que se ordenó la salida del entonces director de la UNGRD Olmedo López tras denuncias por presuntos actos de corrupción Asimismo señaló que prácticas como los llamados cupos parlamentarios en la contratación habrían sido utilizadas en gobiernos anteriores y que solo tras su prohibición se produjeron capturas relacionadas con estos hechos
El pronunciamiento presidencial generó diversas reacciones en el ámbito político y jurídico mientras avanza el proceso penal contra los exministros que permanece en etapa de investigación y sin una decisión de fondo sobre su responsabilidad penal
