El anuncio del Gobierno Nacional sobre el eventual traslado de Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, máximos jefes de las estructuras criminales Los Pepes y Los Costeños, a centros carcelarios de Barranquilla, abrió una de las controversias más sensibles de los últimos meses en materia de seguridad, gobernabilidad y política criminal en el Caribe colombiano.
La medida, planteada en el marco de la estrategia de paz urbana, generó una reacción inmediata de autoridades locales, congresistas, sectores sociales y organismos de control, hasta el punto de que el propio Gobierno decidió suspender temporalmente el traslado.
La controversia comenzó a inicios de enero de 2026, cuando desde el alto Gobierno se conoció la intención de trasladar a Palomino y a alias Castor actualmente recluidos en otros establecimientos penitenciarios del país— a cárceles ubicadas en Barranquilla, entre ellas Cárcel El Bosque.
De acuerdo con la explicación oficial, el traslado buscaba facilitar el seguimiento a la tregua pactada entre Los Pepes y Los Costeños en octubre de 2025, como parte de un proceso sociojurídico orientado a reducir los homicidios y la violencia urbana en el Atlántico.
Desde el Ejecutivo se insistió en que no se trataba de un beneficio judicial ni de un relajamiento del régimen penitenciario, sino de una decisión administrativa con supuestos controles reforzados del INPEC.
Reacción de Barranquilla y el Atlántico
El anuncio cayó mal en las autoridades locales. La Alcaldía de Barranquilla aseguró que no fue informada previamente ni participó en la evaluación de riesgos de la medida.
El alcalde Alejandro Char expresó públicamente su preocupación, advirtiendo que el traslado de cabecillas de alto perfil criminal podría incrementar los riesgos de seguridad, al convertir las cárceles en posibles centros de coordinación delictiva.
En la misma línea se pronunció la Gobernación del Atlántico, que pidió mayor articulación institucional y claridad sobre los protocolos de control.
La polémica escaló rápidamente al escenario nacional. Congresistas del Caribe colombiano rechazaron la decisión, calificándola como improvisada y carente de concertación territorial.
Desde distintos sectores se advirtió que Barranquilla ya enfrenta altos desafíos en materia de seguridad, y que la llegada de los jefes de dos organizaciones históricamente enfrentadas podría generar tensiones adicionales, incluso dentro de los centros penitenciarios.
Debate sobre la tregua criminal
Uno de los puntos más cuestionados fue la vigencia y efectividad de la tregua entre Los Pepes y Los Costeños. Aunque el Gobierno sostuvo que el acuerdo ayudó a contener parte de la violencia, informes de seguridad revelaron que los homicidios no desaparecieron y que persistieron disputas indirectas, especialmente por economías ilegales.
La tregua, además, tiene como fecha límite el 20 de enero de 2026, lo que incrementó la incertidumbre sobre la conveniencia de ejecutar el traslado en ese momento.
Quiénes son Digno Palomino y alias Castor: el prontuario de los cabecillas que desataron la polémica nacional
Digno José Palomino Rodríguez: el jefe de Los Pepes
La controversia por el posible traslado de dos de los principales jefes del crimen organizado del Caribe colombiano a cárceles de Barranquilla puso nuevamente bajo el foco público a Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, señalados por las autoridades como responsables de buena parte de la violencia urbana registrada en la ciudad y su área metropolitana durante la última década.
Digno Palomino es identificado por la Policía y la Fiscalía como el máximo cabecilla de la estructura criminal Los Pepes, organización dedicada principalmente a la extorsión sistemática, el sicariato, el control territorial y el tráfico local de estupefacientes en Barranquilla y municipios cercanos.
Según las investigaciones judiciales, Palomino consolidó su poder criminal mediante redes de cobro extorsivo a comerciantes, transportadores y pequeños empresarios, respaldadas por amenazas y asesinatos selectivos. A esta estructura se le atribuyen homicidios por encargo, desplazamientos forzados y el control de rentas ilegales en varios barrios del suroccidente de la ciudad.
Fue capturado en 2022, tras un operativo de alto impacto, y desde entonces permanece privado de la libertad en establecimientos penitenciarios fuera del Atlántico. Sin embargo, informes de inteligencia señalan que continuó ejerciendo mando desde prisión, impartiendo órdenes a sus subordinados a través de intermediarios y comunicaciones ilegales.
Alias Castor: el rostro de Los Costeños
Por su parte, alias Castor, cuyo nombre real es Jorge Eliécer Díaz Collazos, es considerado el jefe histórico de la banda criminal Los Costeños, una de las estructuras más violentas que ha operado en Barranquilla en los últimos años.
A Castor se le atribuyen homicidios agravados, concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de armas y la dirección de redes de sicarios que protagonizaron sangrientas disputas territoriales con otras bandas, especialmente con Los Pepes.
Fue capturado en 2023, luego de una extensa persecución judicial, y recluido inicialmente en cárceles de máxima seguridad. No obstante, las autoridades sostienen que, incluso desde prisión, mantuvo influencia directa sobre la estructura criminal, participando en la toma de decisiones estratégicas y el sostenimiento de economías ilegales.
Ambos cabecillas enfrentan procesos por delitos como: Concierto para delinquir agravado, Homicidio agravado, Extorsión, Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y Porte ilegal de armas de fuego.
Las investigaciones indican que sus organizaciones estuvieron detrás de decenas de asesinatos cometidos en el marco de disputas por el control de rentas criminales en Barranquilla y su área metropolitana.
De acuerdo con informes de inteligencia, durante su reclusión se les atribuye: Coordinación indirecta de extorsiones, Orientación de disputas territoriales, Incidencia en la tregua criminal entre bandas, Influencia sobre decisiones operativas de sus estructuras
Estas actuaciones fueron uno de los argumentos más fuertes esgrimidos por autoridades locales y sectores políticos para rechazar el traslado a Barranquilla.
Suspensión del traslado
Ante la presión institucional, política y ciudadana, el Ministerio de Justicia y del Derecho anunció la suspensión temporal del traslado de Digno Palomino y alias Castor a Barranquilla.
El Gobierno señaló que la medida se congela mientras se revisan los protocolos de seguridad, se fortalece la coordinación con autoridades locales y se evalúa el estado real de los compromisos asumidos por las estructuras criminales.
La controversia también activó a los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación anunció seguimiento preventivo al proceso, con el fin de verificar que cualquier decisión futura respete el marco legal y priorice la seguridad ciudadana.
A la fecha, el traslado de los dos cabecillas no se ha concretado y permanece en revisión. El debate dejó al descubierto las tensiones entre la política de paz urbana del Gobierno Nacional y las preocupaciones territoriales de seguridad en Barranquilla y el Atlántico.
Mientras tanto, la ciudad sigue a la expectativa de lo que ocurra tras el vencimiento de la tregua criminal, en un contexto donde cualquier decisión sobre estos actores tiene un impacto directo en la convivencia y la estabilidad regional.
