La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, se encuentra sumida en una grave crisis humanitaria debido a la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una facción disidente de las FARC. Según un informe de Human Rights Watch (HRW), los enfrentamientos han dejado un saldo alarmante de asesinatos, secuestros y desapariciones, mientras que más de 56.000 personas han sido forzadas a huir de sus hogares en lo que se considera uno de los mayores desplazamientos en décadas.
Abusos, miedo y control territorial
HRW documentó que ambos grupos armados han impuesto su dominio mediante amenazas, extorsiones y asesinatos selectivos, utilizando el miedo como herramienta de control social. Mientras el ELN ha sido señalado por abusos generalizados contra líderes sociales y excombatientes de las FARC, el Frente 33 ha consolidado su presencia ofreciendo supuestas mejoras en infraestructura, como reparación de puentes y puestos de salud, con el fin de ganarse el respaldo de las comunidades bajo su influencia.
Respuesta del gobierno: ¿suficiente?
Ante la crisis, el gobierno colombiano ha declarado estado de emergencia en la región y ha desplegado tropas adicionales para tratar de contener la violencia. Sin embargo, HRW insta a las autoridades a diseñar una estrategia integral de seguridad y justicia, que incluya no solo el refuerzo militar, sino también inversiones sociales y programas de protección para la población civil.
Mientras la guerra entre estos grupos sigue cobrando vidas y sembrando terror, miles de familias continúan desplazándose sin rumbo fijo, con la esperanza de encontrar un refugio lejos de la violencia que azota el Catatumbo.
