Por: Amalfi Rosales
El hombre que gobernó Colombia por dos periodos consecutivos y que polarizó a un país entero, acaba de ser hallado culpable como determinador de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El fallo, de 1114 folios, fue proferido por el Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, marca un hito sin precedentes en la historia judicial y política del país: por primera vez, un expresidente colombiano es condenado penalmente.
Álvaro Uribe Vélez, abogado de profesión y figura emblemática del uribismo, fue declarado responsable de haber impulsado una red de manipulación de testigos para desvirtuar acusaciones que lo vinculaban con grupos paramilitares.
Todo comenzó hace más de una década, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó testimonios que señalaban a los hermanos Uribe Vélez como presuntos promotores del Bloque Metro de las Autodefensas. En respuesta, Uribe denunció a Cepeda por manipulación de testigos. Pero la Corte Suprema volteó la mirada y compulsó copias contra el denunciante.
Fue el inicio de un extenso proceso judicial, plagado de tensiones políticas, denuncias cruzadas, renuncias, interceptaciones, grabaciones clandestinas y múltiples intentos de deslegitimar testigos clave. El caso dio un giro dramático cuando el abogado Diego Cadena, cercano a Uribe, fue acusado de ofrecer beneficios jurídicos y económicos a reclusos a cambio de que modificaran sus testimonios.
El peso de una verdad grabada
La evidencia central surgió de una grabación clandestina. Juan Guillermo Monsalve, testigo clave, grabó con un reloj espía su encuentro en 2018 con Cadena y Enrique Pardo Hasche, en el interior de la cárcel La Picota. Allí se le pidió retractarse de las declaraciones que lo vinculaban con el expresidente. Se le ofreció apoyo jurídico, mejor reclusión, seguridad y asesoría gratuita. Monsalve nunca accedió, pero grabó todo.
El testimonio de Deyanira Gómez, entonces compañera sentimental de Monsalve, fue decisivo: confirmó la existencia de las grabaciones y relató el contexto de intimidaciones. La evidencia fue entregada a la Corte Suprema, junto con cartas manuscritas y registros de interceptaciones que expusieron una operación meticulosa para alterar el curso del proceso judicial.
Una red de presión y favores
El fallo también documenta otros episodios que configuran una trama amplia y articulada: desde las gestiones ante reclusos en cárceles como Cómbita y la Picota, hasta ofrecimientos a exparamilitares como “el Tuso” Sierra, e incluso una estrategia para trasladar a la exfiscal Hilda Niño a cambio de declaraciones favorables. Todo ello bajo una línea de actuación que, según la justicia, tenía como fin influir sobre la verdad judicial en beneficio del expresidente.
En el juicio se analizaron las intervenciones de diversos actores: senadores, abogados, exparamilitares, fiscales, periodistas y miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe. Varios de ellos quedaron comprometidos en declaraciones contradictorias o en prácticas que hoy son materia de investigación paralela.
El rostro del condenado
El expediente también recogió el perfil personal del acusado. Álvaro Uribe Vélez, nacido en Medellín en 1951, abogado con formación en Harvard y Oxford, empresario agropecuario, conferencista internacional, y fundador del partido Centro Democrático. En su hoja de vida figuran cargos como gobernador de Antioquia, director de la Aeronáutica Civil, senador y presidente de Colombia. Pero hoy, su nombre está asociado a una condena penal.
Durante el juicio, Uribe se declaró inocente y denunció una persecución política. Sin embargo, los argumentos presentados por la Fiscalía y la contundencia de las pruebas llevaron a la jueza a emitir un fallo condenatorio, que en sus palabras no vulneró garantías procesales, ni derechos fundamentales del acusado.
El fallo aún no está en firme. La defensa ha anunciado que interpondrá los recursos correspondientes ante instancias superiores. La condena, por sí sola, no implica cárcel inmediata, pero sí deja una huella irreversible en el legado de Uribe y en el equilibrio institucional del país.
En paralelo, la opinión pública se divide: unos ven en el proceso una muestra de que la justicia alcanza incluso a los más poderosos; otros lo consideran un montaje político. Pero lo cierto es que este caso ha dejado al descubierto las tensiones entre poder, justicia y verdad, en una Colombia que sigue debatiéndose entre pasado y futuro.
Esta es la primera entrega de una serie especial. En las siguientes entregas profundizaremos en los testimonios clave, las estrategias de defensa, la dimensión política del fallo y las reacciones nacionales e internacionales.
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