Con el propósito de coordinar acciones y brindar apoyo y orientación en el acceso oportuno a los servicios de salud de personas migrantes que están en Norte de Santander, Arauca y La Guajira, la Defensoría del Pueblo presentó el ‘Informe sobre el derecho fundamental a la salud y la atención de la red hospitalaria pública en las zonas de frontera al migrante venezolano’ y la ruta de atención ‘El derecho a la salud en Colombia para las personas migrantes, refugiadas y con necesidad de protección internacional’.
En la audiencia defensorial, llevada a cabo en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, Norte de Santander, la entidad dejó claro el rol urgente que deben asumir los entes territoriales. La invitación es a que emprendan acciones contundentes cuyo fin sea impactar los determinantes sociales que están afectando la salud de los migrantes en los territorios fronterizos.
La Defensoría del Pueblo, en consecuencia, insta a los alcaldes de las regiones limítrofes en el nororiente del país a gestionar la afiliación de la población migrante venezolana al Sistema General de Seguridad Social en Salud en los regímenes subsidiado o contributivo.
También les solicita a los gobernadores de los departamentos fronterizos abordar planes en conjunto con las unidades administrativas especiales de organizaciones solidarias, el Servicio Público de Empleo, el SENA, agencias de cooperación, la empresa privada y la sociedad civil para mejorar las condiciones de salud, educación y reinserción laboral de la población migrante. De igual manera, les solicita adelantar campañas masivas de vacunación y prevención para el control de enfermedades emergentes.
Así mismo, los insta a coordinarse con las autoridades del sector salud, Migración Colombia y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) para fortalecer alianzas con las ONG y demás organizaciones de la sociedad civil, la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) y otras agencias de cooperación internacional, con el objetivo de cualificar las ayudas humanitarias y los servicios médicos asistenciales que son ofrecidos a la población migrante.
A Migración Colombia, de acuerdo con la normativa vigente, la conmina a agilizar los trámites para regularizar su permanencia y restablecer su situación legal en Colombia.
La Defensoría del Pueblo, igualmente, insta a los entes territoriales a adelantar acciones para garantizar, cuando sea el momento y las circunstancias lo permitan, el retorno voluntario exitoso de la población migrante a su país de origen.
Cifras sobre la migración venezolana
En diciembre del 2017, según datos del DANE, había 408.081 migrantes venezolanos en el país; en el mismo mes del año siguiente, 1.099.117; para finales del 2022, 2.477.588, y a marzo de este año, se mantiene ese número de personas provenientes de Venezuela.
Colombia es el principal receptor de la migración venezolana en América del Sur, pues alrededor del 36% de la población que migra del vecino país está en suelo nacional, principalmente en Bogotá, Cúcuta, Arauca, Maicao, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena.
Las dificultades a las que se enfrentan los migrantes
Muchos no disponen de la documentación que les permita permanecer regularmente en Colombia, por eso no tienen acceso formal a servicios básicos, lo cual los hace más vulnerables a la explotación laboral, sexual, a la violencia, la discriminación y la xenofobia.
La mayor parte de esa población está conformada por núcleos familiares de niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, sin ningún tipo de protección y seguridad social.
