Permanecen en riesgo las comunidades indígenas y afrocolombianas por la disputa del territorio entre los grupos armados ilegales del ELN y las AGC.
“La Defensoría del Pueblo reitera su preocupación por la difícil situación humanitaria que enfrenta la población del municipio de Bojayá (Chocó), que hoy cumple 20 años de la tragedia en la que murieron 79 personas por el enfrentamiento entre las desaparecidas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
En los últimos años la Defensoría del Pueblo ha emitido tres alertas tempranas en las cuales se advierte el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades negras y pueblos indígenas de ese municipio y la subregión del Medio Atrato con ocasión de los propósitos expansivos por parte de la guerrilla del Ejercito de Liberacion Nacional ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en zonas dejadas por las Farc en el marco del acuerdo de paz.
Mediante dichos instrumentos de advertencia se hizo énfasis sobre la contaminación con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) en los territorios colectivos tanto afros como indígenas y consecuencialmente, restricciones a la movilidad que implican la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en los municipios de Bojayá, Medio Atrato y Vigía del Fuerte, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.
En dichos documentos se indicaban las vulneraciones de los derechos a la vida, libertad y seguridad personal de las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas de los municipios mencionados, con el fin de que se adoptaran las medidas de prevención y protección eficaces para salvaguardar la integridad de los pobladores de esta subregión.
De manera particular, el Defensor del Pueblo recordó que, en agosto del año pasado se emitió la Alerta Estructural 016-2021 para los municipio de Bojayá, Vigía del Fuerte y Medio Atrato en el cual se daba cuenta del fortalecimiento militar acelerado, la expansión territorial y el afianzamiento en el territorio de las AGC, el riesgo de enfrentamientos con interposición de la población civil, riesgo de reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes (NNA), por parte de las AGC y el ELN.
Allí también se advierten amenazas y riesgos en contra de la población reincorporada, señalamientos, estigmatización y amenazas en contra de familiares de personas a las cuales se les sindica de ser colaboradores de los actores armados en disputa, al igual que en contra de autoridades étnico–territoriales y líderes comunitarios, lo cual ha derivado en desplazamientos individuales.
Igualmente, se registran restricciones a la movilidad impuestas por los actores armados que hacen presencia en la región lo cual implica la limitación de actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas que habitan en el municipio de Bojayá.
Esta situación ha generado graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, toda vez que la disputa armada gira en torno al interés de los grupos armados ilegales en controlar las rutas de conexión que posibilitan a través de caminos ancestrales la conexión por la parte alta de las cuencas de los ríos Napipí, Opogadó y Bojayá, lo que permite la comunicación con Bajo Atrato, el suroeste antioqueño y el Mar Pacífico.
Cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que desde 2017 hasta el 2022, por acción de los actos violentos de los grupos armados ilegales en Bojayá, se han reportado 16.927 personas víctimas de confinamiento, pertenecientes a 4.136 familias, y también 1.438 personas de 393 familias han sufrido desplazamiento forzado.
“Hoy les reiteramos a los habitantes de Bojayá que la Defensoría del Pueblo los seguirá acompañando a través de nuestro equipo de la Regional Chocó en el territorio y no desmayaremos en nuestro propósito de lograr la garantía de sus derechos”, puntualizó Carlos Camargo.
