- A través de un modelo mixto y una moderna y novedosa metodología, la Procuraduría General de la Nación ha conseguido aumentar la atención a las víctimas logrando orientar a 7.200 núcleos familiares de todo el país.
- Como resultado de la metodología implementada por el Ministerio Público, en lo corrido del 2021 la Entidad ha atendido a cerca de 500 núcleos familiares, en su mayoría provenientes del Litoral Pacífico.
En el marco de la conmemoración del “Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado” y no sin antes condenar los recientes hechos ocurridos en el país los cuales han generado nuevas victimización secundaria en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Pacífico, Frontera Nariñense, Norte de Santander, entre otros; la Procuraduría General de la Nación destacó los resultados que frente al acompañamiento y asistencia a las víctimas ha obtenido el Ministerio Público con la implementación de una novedosa metodología que permite identificar la condición de quien acude a la Entidad, informarle sus derechos y asesorarlo ante las entidades que tienen la injerencia y obligación de garantizarlos.
“A las víctimas debe garantizárseles el reconocimiento de su condición, información sobre sus derechos y acceso real y efectivo a la oferta institucional que los garantiza. En ese sentido estamos enfocando un gran porcentaje de nuestros esfuerzos y así lo seguiremos haciendo. Gracias al liderazgo de la Procuradora General Margarita Cabello y el trabajo interinstitucional que venimos adelantando, hemos incrementado la atención prestada a las víctimas, lo cual constituye un gran logro para la Entidad y para el país en general “, afirmó Diana Cadena, Procuradora Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz.
En este mismo sentido la Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará realizando seguimiento permanente, e incidirá para que en los siguientes 10 años de vigencia de la política pública de víctimas se establezcan los necesarios para mejorar su implementación buscando principalmente contribuir a que las víctimas obtengan acceso a una oferta institucional que les permita reconstruir sus proyectos de vida y estabilizarse socioeconómicamente a través de ayuda humanitaria, indemnización administrativa, identificación, educación, salud y retorno, entre otros.