En un contundente operativo liderado por la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional asestó un fuerte golpe a las finanzas del Clan del Golfo, una de las estructuras criminales más poderosas del país. En la intervención conjunta de la Policía Nacional y el Ejército, fueron destruidas 24 dragas y 9 excavadoras utilizadas por esta organización para la explotación ilegal de oro en la región del Bajo Cauca antioqueño.

El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde destacó la magnitud del operativo y su impacto directo en las rentas criminales del grupo armado.

Un negocio de 20.000 millones de pesos mensuales

Según información oficial, la maquinaria destruida tenía un valor estimado de 55.000 millones de pesos y era usada para extraer oro de forma ilícita, generando aproximadamente 20.000 millones de pesos mensuales para el Clan del Golfo. Las autoridades calcularon que esta organización criminal extraía hasta 49 kilos de oro al mes en esta zona del departamento de Antioquia.

Estas actividades no solo fortalecían las arcas del grupo, sino que también contribuían al deterioro ambiental de una región históricamente golpeada por el conflicto armado, la minería ilegal y la presencia de grupos armados organizados.

Voceros militares explicaron que la operación hace parte de una ofensiva integral para debilitar las economías ilegales del Clan del Golfo, cuya presencia se ha mantenido firme en territorios como el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y Urabá. La maquinaria pesada permitía operar campamentos de minería en zonas de difícil acceso, con control territorial ejercido mediante amenazas, extorsión y violencia.

El ministro Sánchez aseguró que este es solo uno de los frentes de la lucha contra este grupo: «Vamos por sus rutas del oro, de la coca y de la extorsión. Estamos desmantelando sus estructuras financieras para debilitar su capacidad armada y operativa».

Expertos en seguridad y minería ilegal han señalado que, además del narcotráfico, el oro ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación para grupos armados como el Clan del Golfo. El mineral extraído es comercializado en circuitos nacionales e internacionales con la complicidad de redes de lavado de activos, legales e ilegales.

De acuerdo con informes recientes de inteligencia, el oro extraído en el Bajo Cauca termina muchas veces en fundidoras legales, mezclado con oro proveniente de títulos mineros formales, lo que complica el rastreo de su origen ilícito.

Balance ambiental y social

El uso indiscriminado de dragas y retroexcavadoras genera contaminación con mercurio, deforestación y afectación de cuerpos de agua, como ríos y quebradas, esenciales para las comunidades de la región. Las operaciones del Clan del Golfo en esta zona han desplazado a poblaciones enteras, destruyendo entornos naturales y generando crisis humanitarias.

La intervención militar, aunque necesaria para restablecer el control del Estado, también implica desafíos para las comunidades locales, que muchas veces quedan en medio del fuego cruzado entre los grupos armados y las autoridades.

El operativo realizado en el Bajo Cauca antioqueño representa un avance importante en la lucha contra las economías ilegales que sostienen al Clan del Golfo. Sin embargo, expertos advierten que sin una presencia estatal integral, inversión social y alternativas económicas para las comunidades, la minería ilegal podría reactivarse con rapidez.

El golpe financiero es significativo, pero para desmontar el poder territorial del Clan del Golfo se requiere una estrategia sostenida, que combine operativos de seguridad, justicia ambiental y desarrollo económico.