El arma que le quitó la vida a Lissi Judith Camargo Noriega, una docente pensionada de 63 años, pertenecía a un escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Así lo confirmó la Policía Metropolitana de Barranquilla pocas horas después del crimen ocurrido el jueves 22 de mayo en inmediaciones del Castillo de Salgar, en Puerto Colombia, Atlántico.
Dos impactos de bala en la cabeza terminaron con la vida de una mujer que dedicó más de tres décadas a la enseñanza. Una educadora respetada, una madre querida, una ciudadana que jamás imaginó ser blanco de la violencia armada que azota al país desde distintas orillas.
¿Cómo llegó un arma oficial a escena?
El hecho ha desatado una oleada de preguntas sin respuesta. ¿Qué hacía un arma oficial en medio de una zona turística y abierta al público? ¿Fue el escolta quien disparó? ¿Hubo un robo? ¿Un ajuste de cuentas? ¿Un error fatal?
La UNP, entidad encargada de proteger a personas en situación de riesgo, guarda silencio por ahora. Mientras tanto, la Policía adelanta investigaciones para determinar cómo y por qué un arma de dotación terminó involucrada en un homicidio tan brutal.
“Ya se inició el proceso de trazabilidad del arma, estamos verificando si el escolta estaba presente, si el arma fue sustraída o si hubo un mal uso del porte autorizado”, declaró una fuente cercana a la investigación.
Dolor en el Atlántico
La noticia ha causado conmoción en Barranquilla y Puerto Colombia. Camargo Noriega era reconocida por su vocación docente y su papel activo en comunidades educativas del departamento. Había dedicado su vida a la enseñanza y al bienestar de sus estudiantes, y estaba disfrutando de su jubilación al momento del crimen.
Su familia, devastada, exige justicia. “Mi mamá no le debía nada a nadie. Era una mujer sencilla, buena, que amaba enseñar. Queremos saber la verdad”, manifestó su hija en declaraciones a medios locales.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han hecho un llamado al Estado colombiano para que revise los protocolos de control sobre el uso de armas por parte de sus organismos de protección. “Es inaceptable que una vida inocente se pierda con un arma del Estado. Tiene que haber consecuencias”, declaró una representante del movimiento Caribe Humano.
El Castillo de Salgar: escenario de horror
Lo que debía ser una visita pacífica a uno de los lugares más emblemáticos del Atlántico terminó en tragedia. Testigos afirman haber escuchado disparos y visto a personas correr en pánico por los alrededores del Castillo de Salgar, un sitio frecuentado por turistas y locales para disfrutar de la brisa marina y las vistas del Caribe.
La docente fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. La escena del crimen fue acordonada y se recolectaron pruebas balísticas que ahora están en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Silencio oficial y clamor ciudadano
A la fecha, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Unidad Nacional de Protección ni se ha identificado públicamente al escolta cuya arma está implicada en el hecho. Tampoco se han revelado hipótesis formales sobre el móvil del crimen.
La comunidad exige claridad y respuestas. No se trata solo de una muerte más: es un reflejo de las fallas estructurales en los sistemas de protección y control estatal.
Lissi Judith Camargo Noriega se suma a la lista de víctimas inocentes que nunca debieron morir. Su legado como maestra perdurará entre quienes la conocieron, pero su muerte sigue envuelta en sombras. Y la pregunta sigue en el aire: ¿quién responde cuando un arma oficial se convierte en instrumento de muerte?
