Ministro de Defensa y director de la Policía anuncian refuerzos y operativos tras escalada violenta en el Valle del Cauca.
Tuluá, una ciudad golpeada por la criminalidad desde hace más de una década, volvió a ser escenario del terror. En las últimas horas, varios hechos violentos atribuidos a la banda La Inmaculada encendieron las alarmas del Gobierno Nacional, que reaccionó con un enérgico pronunciamiento y el despliegue de operativos especiales.
Desde el mismo corazón del Valle del Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, condenó los recientes ataques que incluyen intimidaciones, incendios y atentados contra la fuerza pública. “Rechazamos de manera contundente los hechos criminales ocurridos en Tuluá, perpetrados por la banda La Inmaculada. No vamos a permitir que estructuras criminales intimiden a la población”, afirmó el ministro. Según Sánchez Suárez, ya se han movilizado refuerzos del Ejército y la Policía, junto con unidades de inteligencia, para ubicar y capturar a los responsables.
En la misma línea, el director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, advirtió que no se dará tregua a los violentos. “Hemos redoblado la presencia policial en Tuluá y municipios aledaños. En coordinación con la Fiscalía, estamos avanzando en la identificación de los autores intelectuales y materiales de estos actos. En las próximas horas habrá resultados”, aseguró Triana, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y de presión a las estructuras ilegales.
Los ataques no son hechos aislados. La banda La Inmaculada tiene profundas raíces en el municipio. Surgida hace más de 15 años en el barrio del mismo nombre, esta organización ha sido señalada como una de las principales responsables de homicidios, extorsiones y reclutamiento de menores en la región.
Aunque sus orígenes se remontan a redes locales de microtráfico, su evolución ha sido vertiginosa. Bajo el mando de figuras como Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, y Andrés Marín, alias Pipe Tuluá —este último desde la cárcel—, la organización ha extendido su poder mediante una mezcla de violencia despiadada, control territorial y alianzas con carteles narcotraficantes.
De hecho, alias Pipe Tuluá reconoció en una entrevista desde prisión haber ordenado el asesinato de un alcalde y propuso incluso desmovilizar su estructura a cambio de garantías del Estado. Sin embargo, tras el fracaso de esos intentos de diálogo, el Gobierno colombiano decidió avalar su extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por delitos de narcotráfico.
Uno de los aspectos más perturbadores de La Inmaculada ha sido su estrategia de reclutamiento de menores. Según informes de inteligencia, la banda ha cooptado a más de 30 adolescentes, muchos de ellos convertidos en adictos para asegurar su dependencia, y luego utilizados como sicarios. Algunos tienen en su historial hasta cuatro homicidios, ejecutados con frialdad a cambio de pequeñas sumas de dinero o favores.
Además, la guerra interna por el control del microtráfico ha desencadenado una ola de violencia aún más intensa. Capturas recientes, como la de alias Nacho —señalado como coordinador del cobro de extorsiones y la distribución de droga—, provocaron represalias inmediatas como incendios de vehículos y amenazas públicas contra funcionarios y comerciantes.
El desafío del Estado y la comunidad
Frente a este panorama, las autoridades han desplegado una estrategia de contención que incluye presencia militar reforzada, inteligencia focalizada y operativos conjuntos con la Fiscalía. La Fiscalía General también ha incautado bienes de la banda por más de 1.600 millones de pesos mediante procesos de extinción de dominio.
Sin embargo, expertos coinciden en que la solución no puede ser solo punitiva. Tuluá requiere una estrategia integral que combine seguridad, justicia, inversión social y oportunidades para los jóvenes que hoy están siendo arrastrados por las redes criminales.
Mientras tanto, la comunidad permanece en vilo. Aunque respalda la presencia del Estado, teme nuevas represalias. “Vivimos con miedo todos los días. Hoy dicen que capturaron a uno, mañana queman un local o matan a alguien. Así es vivir aquí”, dice una comerciante que pide no revelar su nombre por seguridad.
Tuluá es hoy un reflejo de la lucha entre el Estado y el crimen organizado en Colombia. Una lucha que no se resuelve solo con operativos, sino con una transformación profunda del entorno que ha permitido a bandas como La Inmaculada prosperar en medio de la impunidad y el abandono.
