La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para suspender provisionalmente la medida de prisión domiciliaria, luego de que el pasado 1.º de agosto la Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia Aranda, emitiera un fallo condenatorio en su contra.
La decisión fue adoptada mediante un auto firmado por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, quien concluyó que no existen méritos jurídicos suficientes para acceder a la solicitud de la defensa, que pretendía dejar en suspenso la ejecución de la medida privativa de la libertad mientras se resuelve la apelación del fallo de primera instancia.
Fundamentos de la decisión
En su providencia, el magistrado Rogeles argumentó que la condena impuesta por un juez de conocimiento activa la aplicación de las medidas correspondientes, incluso si la sentencia no está ejecutoriada, a menos que se demuestre un perjuicio irremediable o una afectación grave a los derechos fundamentales del condenado, lo cual no fue probado por la defensa en esta etapa procesal.
“El fallo de primera instancia tiene fuerza vinculante mientras no sea revocado por una instancia superior”, señala el auto del Tribunal, al tiempo que ratifica la competencia de la Juez 44 para dictar y mantener la medida de detención domiciliaria.
El expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en el marco del proceso que se adelanta desde 2018. La juez Sandra Heredia consideró que existían pruebas suficientes que demostraban que el exmandatario incurrió en acciones dirigidas a manipular testigos en beneficio propio.
Tras el fallo condenatorio, la defensa del exmandatario anunció que interpondrá los recursos legales pertinentes, entre ellos la apelación del fallo. Paralelamente, solicitó la suspensión de la medida de detención domiciliaria, recurso que ahora ha sido rechazado por el Tribunal.
Reacciones divididas
Hasta el momento, el expresidente Uribe permanece en detención domiciliaria en su finca en el departamento de Antioquia. Su equipo jurídico anunció que insistirá en la revocatoria de la medida a través de otros mecanismos legales, incluyendo recursos ante la Corte Suprema y acciones ante tribunales internacionales de derechos humanos.
La defensa también ha sostenido que la condena representa una vulneración al debido proceso y han calificado las decisiones judiciales como “sesgadas”. Por su parte, organizaciones defensoras del Estado de Derecho y sectores académicos han expresado respaldo al proceso judicial, insistiendo en la importancia de respetar la independencia de la Rama Judicial.
El proceso continuará su curso ante el Tribunal Superior de Bogotá, que será la instancia encargada de revisar la apelación de la sentencia condenatoria.
