Libertad condicionada mientras avanza la apelación
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien cumplía prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 12 años por fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión se dio al resolver una tutela presentada por su defensa, que alegó que los fundamentos para mantener la detención eran “vagos e imprecisos” y que no se habían demostrado riesgos objetivos de fuga o de obstrucción a la justicia. Con este fallo, Uribe queda en libertad mientras se estudia la apelación a la condena, que deberá ser resuelta en los próximos meses.
Reacciones inmediatas
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y reconocido como víctima en este proceso, expresó que respeta la decisión, aunque no la comparte:
“Esto no significa la inocencia del expresidente Uribe. El proceso continúa y se deben garantizar los derechos de las víctimas y la independencia de la justicia. Creemos que la detención domiciliaria era una forma de protegernos de las presiones y campañas que el expresidente ha promovido contra los jueces y contra mí mismo”.
El uribismo celebró el fallo como un triunfo de la justicia. Dirigentes del Centro Democrático, su partido, afirmaron que la medida es “un paso hacia la reivindicación de la verdad y la inocencia de Álvaro Uribe”. Varios congresistas del sector calificaron la detención previa como “un abuso judicial”.
Desde la oposición crítica al expresidente, voces como las del senador Gustavo Bolívar señalaron que la libertad provisional “no borra la gravedad de los cargos ni la condena impuesta”, advirtiendo que se debe mantener la vigilancia ciudadana sobre el proceso.
Organizaciones de víctimas del conflicto armado expresaron preocupación por lo que interpretan como un precedente peligroso: “Si un expresidente logra revertir su detención con campañas de presión, ¿qué pueden esperar las víctimas anónimas?”, señaló un comunicado de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro se limitó a decir, a través de la Presidencia, que “respeta la autonomía de la rama judicial” y que no entrará a pronunciarse sobre decisiones que corresponden exclusivamente a los jueces.
Un proceso que divide al país
El caso Uribe ha marcado la política colombiana durante más de una década. Sus seguidores lo consideran víctima de una persecución judicial liderada por sus adversarios políticos, mientras que sus críticos sostienen que el proceso demuestra que “nadie está por encima de la ley”.
La disputa judicial con Iván Cepeda, que comenzó en 2012, se convirtió en un símbolo de la confrontación entre el expresidente y sectores de izquierda, y hoy sigue polarizando al país.
El Tribunal Superior deberá resolver la apelación a la condena en octubre próximo. Mientras tanto, Uribe recupera plena libertad de movimiento y podrá participar activamente en la vida política y en la campaña de su partido de cara a las elecciones locales de 2026.
Un proceso que sigue abierto
La decisión del Tribunal no cierra el caso: el expresidente seguirá vinculado al proceso y a la expectativa de que el alto tribunal resuelva en segunda instancia la apelación. En el entretanto, podrá ejercer su defensa en libertad, hecho que mantiene polarizado al país y que revive el debate sobre la independencia judicial en Colombia.
La decisión mantiene al expresidente en el centro del debate nacional: para unos, un líder injustamente perseguido; para otros, un poderoso político que todavía debe rendir cuentas ante la justicia.
