En los barrios del suroriente de Barranquilla la noticia de que Los Costeños firmaron una supuesta tregua con el Gobierno Nacional cayó con incredulidad. Para quienes madrugan a abrir sus tiendas en Soledad o despachan buses en Malambo, el anuncio de que alias Castor prometió suspender la violencia hasta el 30 de septiembre suena más a maniobra de tiempo que a esperanza real.
“¿Y a mí quién me devuelve la plata que me sacaron con las vacunas? ¿Quién responde por mi primo asesinado cuando se negó a pagarles?”, se preguntaba ayer un tendero de Simón Bolívar que, por miedo, pidió no revelar su nombre. Esa misma desconfianza se repite en las voces de transportadores y comerciantes que durante años han sido el blanco de un sistema criminal que no negocia, solo amenaza.
Un prontuario que no se borra con firmas
Los Costeños, bajo el mando histórico de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, no son improvisados en el crimen. Desde hace más de una década tejieron una red que se alimenta de tres fuentes: extorsión, microtráfico y sicariato. En Barranquilla y el Área Metropolitana su sello ha sido el miedo: panfletos pegados en las puertas de negocios, llamadas intimidatorias hechas desde cárceles y balas como mensaje de cobro.
Las cifras son contundentes. En los últimos tres años el Atlántico pasó de 769 muertes violentas en 2023 a 865 en 2024, y en lo corrido de 2025 ya supera las 440 víctimas en apenas seis meses. Gran parte de esos homicidios están atados a la guerra de Los Costeños contra Los Pepes, la estructura rival que encabeza Digno Palomino. Detrás de cada número hay una silla vacía en una casa, un hijo huérfano o una madre llorando a un joven asesinado por cambiar de bando en el microtráfico.
La extorsión, por su parte, dejó de ser un rumor para convertirse en un impuesto criminal. Tenderos, vendedores de lotería, conductores de bus y hasta dueños de pequeños restaurantes cargan con la obligación de pagar lo que llaman “seguridad”. No pagar significa arriesgar la vida.
Aunque las estadísticas varían mes a mes, lo cierto es que las denuncias por este flagelo en Barranquilla mantienen un crecimiento sostenido: 108 en febrero, 192 en marzo y 178 en abril. Más allá de los números, el efecto se siente en la vida diaria: comerciantes que deben cerrar más temprano, familias que viven con zozobra y negocios que trabajan bajo la presión de las llamadas extorsivas, en los peores de los casos acaban bajando la Santamaría para siempre.
En barrios como Las Nieves, La Magdalena, Rebolo, parte del Silencio y La Luz, el control del microtráfico se ha convertido en una condena colectiva. Los expendios, conocidos como plazas, se disputan a tiros mientras las familias se acostumbran a dormir en el suelo para esquivar las balas perdidas.
Ofensiva policial: golpes y capturas, pero la hidra se regenera
El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, ha encabezado en las últimas semanas varios operativos contra estas redes: capturas de extorsionistas, desmantelamiento de expendios y decomiso de armas. El 7 de agosto, por ejemplo, diez presuntos miembros de Los Costeños fueron capturados en Las Nieves; el 20 del mismo mes, cinco más cayeron por amenazas a comerciantes; y hace apenas días, nueve personas vinculadas a esta estructura fueron detenidas por extorsión.
Son golpes importantes, pero los mismos comerciantes dicen que por cada detenido aparece otro dispuesto a seguir cobrando. “La Policía hace su trabajo, pero la justicia es lenta. Uno denuncia y al rato el bandido vuelve al barrio. Entonces, ¿para qué hablar de tregua?”, comenta un transportador que prefiere callar su nombre.
La captura de alias Mono Abrahán
A esta presión institucional se suma un golpe clave: en Bello (Antioquia) la Policía Nacional capturó al segundo cabecilla y dinamizador de narcotráfico de Los Costeños, alias Mono Abrahán, uno de los más buscados en Barranquilla.
Deberá responder por homicidio y porte ilegal de armas de fuego.
Era señalado de dinamizar extorsiones y de coordinar el envío de droga desde los puertos hacia Estados Unidos.
Tenía una trayectoria criminal de más de 8 años y vínculos directos con alias Castor, a quien rendía cuentas de las finanzas ilícitas.
Lideraba confrontaciones contra el Clan del Golfo y Los Pepes por rutas de narcotráfico en la región norte.
En Medellín buscaba alianzas criminales con cabecillas del GDO Los Triana para abrir nuevas rutas.
Había sido capturado en diciembre de 2022 por múltiples homicidios en Soledad (Atlántico), pero recuperó la libertad en julio de 2024 por vencimiento de términos.
El caso de Mono Abrahán refleja dos caras de la moneda: la efectividad de la Policía en la captura y la fragilidad del sistema judicial que, por demoras procesales, le permitió regresar a la calle antes de volver a ser recapturado.
¿Tregua o estrategia de engaño?
Mientras unos celebran como avance lo que llama un paso hacia la pacificación. En las calles la lectura es otra: un pacto con alias Castor puede darle oxígeno a la organización mientras las víctimas siguen pagando. La historia reciente de Colombia muestra que cuando no hay justicia real, los acuerdos se vuelven simples intermedios para que las estructuras criminales se reorganicen.
Aceptar que un jefe delincuencial —con procesos por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas— se presente como gestor de paz sin responder ante la justicia, es un mensaje confuso para quienes viven del trabajo honrado.
Voces que reclaman justicia
Más allá de los comunicados oficiales, lo que se escucha en las calles de Barranquilla es un clamor: justicia, no permisividad. “Nosotros queremos vivir en paz, pero no a cambio de darles poder a los que nos han hecho daño”, reclama una madre que perdió a su hijo en una balacera en Rebolo.
Porque la verdadera paz no se mide en treguas de 30 días, sino en el derecho a salir a trabajar sin miedo a que una bala perdida o una llamada extorsiva marquen la vida de una familia.
El Atlántico no necesita pactos ambiguos. Necesita que el Estado rompa las finanzas de los grupos, que capture a sus cabecillas y que proteja a las víctimas. La pacificación de Barranquilla no puede basarse en acuerdos que huelen a concesiones. La ciudad pide a gritos justicia, no indulgencia.
