Ocho largos años tuvieron qué pasar, para que la justicia por fin llegara y se demostrara la inocencia de Julián Marulanda, quién fue el secretario de la Unidad Nacional de Protección hasta el año 2014, recordemos que esta entidad nace en el 2011, después de la liquidación del Das, cuando este organismo del estado protagonizó un escándalo de talla nacional e internacional, se descubrió unas chuzadas ilegales a políticos, periodistas y defensores de derechos humanos entre otros. La UNP cuenta con un presupuesto anual de $549.743 Millones de pesos, razón por la cuál la convierte en una interesante cartera para los políticos de turno.
En el año 2014 se estalló una bomba noticiosa que despertó la alerta de los medios de comunicación y de las diferentes instituciones, donde se denunciaron unas presuntas inconsistencias en el manejo del presupuesto y un desorden administrativo en esa entidad, tanto la contraloría como la procuraduría y la fiscalía no dudaron en abrir investigaciones sobre los supuestos responsables de dichos desfalcos.
La UNP qué es una entidad encargada de proteger la vida de sindicalistas, defensores de derechos humanos, funcionarios y exfuncionarios, así como a periodistas, expresidentes y otros beneficiarios adscritos al programa, se vio envuelta en un escándalo de corrupción de una millonaria cuantia.
La contraloría encontró en el mismo año qué adquirieron 1.669 armas de marca Glock, consideradas como una de las más costosas del mercado, cuando su planta de escoltas no superaba 400 funcionarios.
Estas armas representaban la suma de más de 6.000 millones de pesos en gastos. Otro elemento que destacó la investigación es el alquiler de chalecos antibalas, que nunca fueron usados, por un costo de 225 millones de pesos y la adecuación de un local en alquiler en la calle 26 sitio exclusivo en la capital de República.
Por su parte la Fiscalía General de la Nación hacia lo que le correspondía; la investigación penal, que sería el supuesto delito de corrupción, empezó a unir las piezas claves para llevar antes la justicia a los directos responsables.
El ente investigador le abrió un proceso a Julián Marulanda Calero, quién era en ese período secretario de la UNP. cuando Andrés Villamizar era la cabeza visible de la entidad, y que según medio de comunicación, fue quién denunció a la Secretaria de Transparencia lo que estaba sucediendo en el interior de ese órgano estatal..
Según informes de la Fiscalía, señalaba a Marulanda como responsable de los sobrecostos generados en la facturación. ¿Pero si Villamizar era el Director en ese entonces, y era el que firmaba el gasto; por que la Fiscalía no lo investigó? la historia no termina ahí, el mismo ente acusador cuyo director del CTI era el abogado Julián Quintana, señalaba a Marulanda como el posible líder de una red que operaba en la entidad y que favorecían a contratistas a cambio de coimas.
Lo más curioso de todo este aparente montaje es que, el Fiscal General de la Nación era el cuestionado Néstor Humberto Martínez, quien era cuota de Cambio Radical. «Ya se imaginan porqué dice el viejo dlcho, que en entre bomberos no se pisan la manguera»; pero juzguen ustedes.
Andrés Villamizar quién es primo de los hermanos Galán, políticos reconocidos y con gran poder en el Pais, utilizaba esa coyuntura para creerse intocable.
Libertad plena para Marulanda.
El abogado de la defensa Iván Cansino logró demostrar con pruebas que todo se trató de una persecución contra su cliente Julián Marulanda orquestados al parecer por la Fiscalía y la mismas directivas de la Unidad Nacional de Protección, a lo largo del proceso la parte denunciante nunca pudo evidenciar que «Marulanda tenía accesos al presupuesto crueso que se movía en la entidad, por lo tanto no había lugar para que recibiera coimas, por supuestos favores que no podría cumplir, porqué la orden para que se hiciera dichos compromisos vendría en su momento de la dirección, a quien cuyo nombre nunca se menciona entre los acusadores». Inclusive en un acto de honestidad y coherencia en el desarrollo de la audiencia de alegatos el Fiscal 1 se pronunció ante la dirección del CTI y reconoció que no existía méritos para emitir una sentencia condenatoria pidiendo la absolución al denunciado, a lo cuál se acogió el delegado del Ministerio Público y el representante de las víctimas.
La petición fue estudiada por la Juez 42 Penal del Circuito de Bogotá, quien después de sopesar las pruebas aportadas por cada una de las partes, determino que Julián Marulanda es inocente de todos los cargos y además afirmo que la Fiscalía no pudo demostrar la veracidad de la teoría del caso y mucho menos vincular a Marulanda Calero con los hechos en cuestión.
Cabe destacar que este proceso inició con la denuncia anónima que llego a la Secretaria de Transparencia, cuando Juan Manuel Santos era el presidente de la República, posteriormente y coincidencias mente se presenta ante la fiscalía Carlos Bermúdez Cuchmaque afirmando básicamente lo mismo que decía la denuncia anónima, así lo expresó durante su intervención el abogado Cansino.
Bermúdez Cuchimaque era el director de Operaciones de la Unión Temporal Protección 33, empresa contratista de la UNP, integrada por el holding de empresas cuyo verdadero dueño es el empresario condenado y prófugo de la justicia Jorge Moreno Ojeda. Debe recordarse que uno de los principales directivos de las empresas de Jorge Moreno es el señor José Luis Aguilar Pinzón, exfuncionario del DAS, después Directivo de la UNP y una de las personas que gozo de la mayor confianza y simpatía por parte del ex director Andrés Villamizar Pachón. Aguilar Pinzón igualmente es uno de los hombres de confianza de Moreno Ojeda, pero sospechosamente a estos dos últimos no lo tocaron.
De acuerdo con las propias versiones de Héctor Giovanni López, directivo de Guardianes (Empresa integrante de la UT Protección 33), entre UNP, la Fiscalía y la UT Protección 33 acordaron tenderle una trampa a una de las personas de confianza de Julián Marulanda, escogiendo a Luis Eduardo Molino, que se desempeñaba como Coordinador Administrativo y Financiero de la UNP. Según Lopez, la trampa consistía en citarlo en un restaurante ubicado cerca al bunker de la fiscalía y allí solicitarle que ayudara con tramites administrativos de la UNP y en medio de la conversación Cuchimaque sacó un sobre que contenía la suma de 10 millones de pesos y se lo entregó, de inmediato Luis Eduardo Molino fue capturado en una aparente flagrancia. Dado que Molino era el subalterno de mas alto rango de Marulanda, se aprovecho su captura para hacer todo el montaje convirtiendo a Marulanda como el chivo expiatorio que necesitaban para lavar de culpas a los verdaderos responsables.
Las dos piezas que faltaban para completar el montaje era la Fiscalía, y este papel lo ocupo Julián Quintana, el entonces director del CTI, quien se encargo de transmitir la noticia y para darle mas espectacularidad afirmo en ruedas de prensa que Julián Marulanda pronto será capturado y extraditado, que existían circulares rojas en su contra, y una serie de noticias falsas que buscaban darle resonancia al escándalo.
La otra pieza que faltaba era la prensa, y se decidieron a «filtrar» las supuestas pruebas que presento el denunciante Cuchimaque a la periodista Camila Zuluaga, quién afirmaba tener horas enteras de grabaciones y videos, cuando en realidad lo único que tenía era una grabación entregada por Cuchimaque, que manipuló para hacerla parecer como grabaciones hechas en diferentes días.
Vale la pena anotar que de acuerdo con la sentencia de la Juez 42 aparece que; «durante la etapa probatoria se pudo comprobar que esta grabación no tuvo cadena de custodia y no paso las pruebas técnicas que pudieran determinar si eran verdadera y que según los peritos judiciales afirmaron que estas pruebas habían sido manipuladas». Marulanda desde la clandestinidad hablo con un medio nacional y sostuvo que «la investigación en su contra es una cortina de humo. A su juicio, se hizo para desviar la polémica que se generó por la muerte del periodista Luis Carlos Cervantes, a quien la UNP le había retirado el esquema de seguridad. Agrega que le parece muy curioso que el secretario de Transparencia de entonces, Rafael Merchán, se declarara impedido frente a las denuncias que llegaban sobre Villamizar y que sí hubiera actuado cuando fue él quien denunció». (Semana)
Finalmente hay que recordar que para esta época Andrés Villamizar estaba con un pie afuera de la entidad, por su presunta negligencia, había sido asesinado el periodista Luis Carlos Cervantes. Pues bien, fueron 8 angustiosos años de exilio, amenazas de muerte y de volver a empezar de cero, Julián Marulanda pudo demostrar su inocencia.
El Espacio Noticias ha conocido que existen en este momento dos supuestas investigaciones que vinculan a Andrés Villamizar Pachón, en una de esas investigaciones la Fiscalía ya hizo el arraigo judicial a Villamizar y se espera que sea imputado en los próximos días. El otro proceso esta en etapa de investigación y se encuentra vinculado a los escándalos de corrupción al interior de la Policía Nacional.
Mas escándalos
la revista Cambio dio a conocer la investigación que cursa en la fiscalía general de la Nacion contra el ex director de la UNP Andrés Villamizar sobre un supuesto carrusel de la contratación de vehículos blindados, involucrando a varios ex funcionarios, la nota de presna explica:
«Este viernes 7 de octubre la Fiscalía les imputó cargos a Martín Ricardo Manjarrez, representante legal de M&M Group S.A. (que ahora opera bajo el nombre 7M Group), apoderado de Suzuki Motor de Colombia S.A., y distribuidor autorizado para Colombia de Renault Truck Defense; y a Yonn Jairo García Rivera, gerente de M&M Group S.A. y apoderado de Suzuki Motor de Colombia S.A., por concertar con funcionarios públicos para que –presume la Fiscalía– les filtraran información sobre condiciones y especificaciones técnicas de futuras contrataciones de la Policía, la Fiscalía y la UNP, con el fin de que se las ganaran. A cambio, la Fiscalía sospecha que los imputados les daban jugosas prebendas a los funcionarios».
También agrega el articulo. «Según la Fiscalía, entre 2013, 2014 y 2015 estos dos hombres se valieron de las poderosas amistades que tenían con funcionarios de esas entidades para ser beneficiarios de la contratación. Algunos de los altos funcionarios mencionados son el exdirector de la UNP Andrés Villamizar; el jefe de transporte de la Fiscalía, Jhon Henry Porras, y los exgenerales de la Policía Rodolfo Palomino y Óscar Atehortúa».
Villamizar salió al paso y respondió vía twiter que: «sobre las recientes noticias en la que me mencionan: no he sido notificado»:
Cuando se salió la sentencia proferida por el juzgado 42 penal del circuito, el abogado Juan Manuel Castellano y quien fue uno de los testigos de Marulanda, celebró la decisión.
