Por: Redacción

Con el objetivo de fortalecer el sistema de salud en el archipiélago, que permita responder a las necesidades, mejorar la atención y la calidad de vida de los isleños, entró en operación la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Creada por medio de Ordenanza 005 de 2020 de la Asamblea Departamental del Archipiélago, presta desde el 1 de febrero de 2021 sus servicios de mediana complejidad y algunos de alta complejidad. Por los últimos 15 años el servicio en la isla fue operado por la IPS Universitaria de Medellín, por lo que el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social, Luis Alexander Moscoso, resaltó la importancia de que el Departamento retome su autonomía en el manejo de la prestación de servicios de salud.

 “Hecho que es muy positivo, pero también configura un reto para las autoridades y para los sanandresanos: lograr mantener y tener una E.S.E. sólida, estable, financieramente sostenible, que atienda los intereses de los ciudadanos sanadresanos, que atienda el riesgo y la salud de las personas por encima de otras connotaciones”, expresó.

Agregó que, adicionalmente, debe fomentar y apoyar el desarrollo del talento humano en salud de las islas; así como proveer elementos para el desarrollo y futuro empresarial en el archipiélago. La nueva E.S.E. de San Andrés beneficia a más de 63 mil habitantes y cuenta con una planta de 416 empleados entre los que se cuentan médicos generales, enfermeras, especialistas, y todo el talento humano necesario para brindar servicios de consulta externa, hospitalización, cirugía, UCI, entre otros.

Moscoso apuntó que “el Ministerio, durante el último año, ha venido acompañando el proceso de creación de dicha entidad y en el último mes ha tenido un equipo permanente, apoyando en todos los aspectos de construcción de cada uno de los documentos y de cada uno de los elementos”. En ese proceso de asesoría se desarrollaron modelos de atención, estructuración administrativa, financiero y operativo.

 Además, se determinó con el operador anterior, la Gobernación y la E.S.E. cuáles serían los procedimientos por realizar para que el saliente operador cumpla con los compromisos adquiridos previamente, sin generar cargas a la nueva E.S.E. El cambio de operador privado a público no genera ningún traumatismo para los usuarios del archipiélago; “al contrario, se constituye en un paso más para el mejoramiento de la calidad de los servicios”, aseguró el viceministro.